La forma en que la Comisión Europea contrata y emplea consultores externos no garantiza plenamente la optimización de recursos ni la salvaguarda total de los intereses de la Comisión, según un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo. Debido a las importantes carencias del marco que rige el recurso a estos servicios, existen posibles riesgos de concentración de proveedores de servicios, sobredependencia y conflictos de intereses, que no son suficientemente supervisados. Los auditores también señalan insuficiencias en la evaluación del trabajo de los consultores y del valor añadido que aportan.
Los auditores constataron que el sistema de información de la Comisión Europa no ofrece una imagen completa de la forma en que la Comisión emplea los servicios de consultoría externa. Sí existe la certeza de que ha aumentado su empleo de consultores externos para la prestación de varios servicios de apoyo y asesoramiento. En los últimos años, ha contratado alrededor de mil millones de euros anuales en una gran variedad de tales servicios para consultoría, estudios, evaluaciones y actividades de investigación. Los proveedores externos participan principalmente en la aplicación de las políticas de vecindad y ampliación de la UE, las asociaciones internacionales, los instrumentos de política exterior y las acciones medioambientales y climáticas. Los auditores comprobaron si la Comisión Europea consiguió optimizar los recursos y defender sus intereses.
«La externalización de algunas tareas puede ser útil y, en ocasiones, necesaria», afirma François-Roger Cazala, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría. «Sin embargo, la Comisión Europea debería asegurarse de que optimiza los recursos con respecto a los fondos desembolsados. Hace falta más transparencia y rendición de cuentas sobre las tareas que pueden externalizarse y la forma de gestionar los riesgos de concentración de proveedores, sobredependencia y conflictos de intereses. Espero que nuestro informe ayude a que la administración de la UE avance en esa dirección.»
Los auditores hallaron carencias en el marco que rige la contratación de consultores externos. Concretamente, en cuanto a los servicios de consultoría e investigación (que representan casi el 80 % del importe contratado), no existían orientaciones sobre la medida en que las tareas pueden externalizarse, sobre el modo de definir los servicios de consultoría externa ni sobre las capacidades y competencias que debían mantenerse dentro de la institución. Asimismo, en relación con algunos servicios de consultoría contratados para desempeñar tareas recurrentes, la Comisión no realiza un análisis de costes y beneficios ni de las necesidades para estudiar las ventajas relativas de recurrir a proveedores externos en lugar de personal interno antes de publicarse nuevas convocatorias de contratación.
Pese a que los criterios de adjudicación de contratos eran adecuados, la Comisión no realizó un esfuerzo suficiente en la gestión y seguimiento de los importantes riesgos relacionados con la contratación de consultores externos, entre ellos, los riesgos de concentración de proveedores y sobredependencia de un número relativamente reducido de proveedores de servicios. Durante el período analizado, la Comisión Europea contrató a 2 769 consultores externos. Sin embargo, los diez primeros proveedores representaban por sí solos el 22 % del valor total de los importes contratados durante el período auditado (aproximadamente 600 millones de euros). En otras palabras, algunos servicios de la Comisión recurren en gran medida a un número relativamente pequeño de contratistas. No es raro que un único proveedor obtenga contratos sucesivos a lo largo de varios años, pese a la organización periódica de procedimientos abiertos de licitación.
Este riesgo de concentración en un pequeño número de consultores externos genera, a su vez, el riesgo de que algunos proveedores con una dilatada experiencia profesional en la Comisión tengan más éxito en la obtención de contratos. Por ejemplo, los auditores de la UE constataron que algunos proveedores proporcionaban una combinación de servicios de asesoramiento, ejecución y evaluación a una única dirección general de la Comisión, lo que puede ofrecerles una ventaja competitiva porque participan en el diseño, la ejecución y la evaluación de la misma política de la UE. Si bien la Comisión dispone de procedimientos para detectar y prevenir posibles conflictos de intereses, en su mayoría consisten en controles formales, que no pueden garantizar, por sí solos, que se aborden los riesgos de conflicto de intereses.
Al examinar los contratos individuales, los auditores de la UE reconocen que la Comisión comprueba que los consultores prestan servicios de la calidad requerida antes de efectuarse los pagos. Sin embargo, señalan que, aparte de los estudios y evaluaciones, esta institución no evaluó sistemáticamente el rendimiento de los consultores externos. Solo algunas direcciones generales llevan a cabo ejercicios de enseñanzas adquiridas o evaluaciones ex post de costes y beneficios. Y aun si se realizan, no existe una recopilación centralizada de información que permita aprovechar lo mejor posible los resultados obtenidos por los consultores externos. Los auditores opinan que esto disminuye la capacidad de la Comisión para identificar posibles ámbitos que necesiten mejorar. También aumenta el riesgo de volver a contratar consultores con antecedentes de bajo desempeño.
Dada la magnitud del recurso a consultores externos, los auditores de la UE piden a la Comisión Europea que mejore su gestión y que aumente la transparencia informando, de manera periódica y precisa, sobre el uso que hace de los servicios de consultoría externa.