El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), que se presentará en diciembre, anticipa una fuerte brecha entre las comunidades más competitivas y las que mayor carga fiscal imponen a los ciudadanos. En las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia, se necesita una fuerte rebaja de la tributación autonómica para reactivar la economía y animar el consumo

Como cada año, la Fundación para el Avance de la Libertad está ultimando el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, cuya cuarta edición se presentará en diciembre. Esta fundación con sede en Madrid ha dedicado el último semestre a difundir las conclusiones del estudio anual entre los responsables de la política fiscal autonómica, manteniendo diversas reuniones presenciales o telemáticas con la mayor parte de las consejerías responsables para recordarles las conclusiones específicas para cada territorio, todo ello con vistas a la elaboración de los presupuestos de 2021. El objetivo de esta labor de aproximación a los tomadores de decisiones es impulsar la competitividad fiscal de sus comunidades.

En un año particularmente difícil a causa de la grave crisis económica derivada de la pandemia, los más reputados economistas consideran necesario bajar impuestos para que fluya la liquidez, animando así la inversión y el consumo y evitando el estrangulamiento de la economía. En general, esa ha sido la línea de actuación mayoritaria en toda Europa. Sin embargo, de las conversaciones e intercambios de información mantenidos por la Fundación se desprende una escasa voluntad de seguir esa misma senda de contención tributaria por parte de la gran mayoría de los responsables autonómicos. Juan Pina, secretario general de este instituto de estudios señala que "parece como si lo único importante para la mayoría de las consejerías fuera que las demás comunidades no cobren menos impuestos que la propia, cuando lo normal en un sistema semifederal como el español debería ser la sana competencia fiscal entre territorios". De hecho, en los Estados Unidos la fuerte competencia fiscal entre estados favorece la contención de la tributación media. "Los consejeros de Hacienda deberían reclamar mayor autonomía fiscal para competir, en lugar de exigir a otras regiones que suban sus impuestos", afirma.

Del informe de 2020, que se encuentra en la recta final de producción, se desprende la pugna entre dos estrategias de fiscalidad autonómica: la que persigue en estos momentos una mayor recaudación pese a la pandemia, a costa de perder atractivo empresarial y encarecer la factura fiscal de los ciudadanos, y la que apuesta por la moderación fiscal para reactivar la economía. Las comunidades madrileña, canaria o murciana, así como las tres diputaciones vascas, parecen inclinarse por esta segunda vía, mientras vuelve a resultar particularmente gravosa la tributación autonómica catalana, como en las ediciones anteriores.

El informe, que ha tenido un importante impacto en las tres ediciones anteriores, se elabora con el apoyo de la Tax Foundation estadounidense, autora desde hace décadas del informe similar que clasifica cada año a los cincuenta estados.