La organización denuncia el uso fraudulento de la tarifa plana por empresas de reparto: "Perjudican a los trabajadores y a la Seguridad Social".

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA España), alerta del uso indebido de la Tarifa Plana en el sector del reparto por parte de plataformas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats, que se han beneficiado económicamente mientras miles de personas trabajadoras eran declaradas como falsos autónomos. Esta práctica no es un error administrativo, es un fraude que se cuantifica en más de 120 millones de euros anualmente, y que, además de vulnerar los derechos laborales de las personas trabajadoras, impacta negativamente en la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social.

La organización demanda que la solicitud de la Tarifa Plana estatal en la cotización al RETA se acompañe de la acreditación documental de una actividad económica planificada, real y viable. Cuando no es así, las consecuencias son graves: se vulneran los derechos laborales de quienes sostienen el servicio día a día y se reducen los recursos económicos de la Seguridad Social, que podrían destinarse a mejorar las prestaciones sociales de las personas trabajadoras autónomas y garantizar pensiones dignas a quienes actualmente reciben las más bajas en su cuantía.

UPTA exige al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que imponga a las empresas que realizan en estas prácticas irregulares la obligación de abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) las diferencias de cotización en el RETA derivadas de la aplicación indebida de la Tarifa Plana. Asimismo, demanda que las comunidades autónomas reclamen la devolución de las ayudas públicas asociadas, como la "cuota cero", cuando se hayan concedido de forma improcedente, y defiende que estas bonificaciones se destinen exclusivamente a quienes realmente las necesitan y puedan justificarlas.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, señala que, "con estas conductas, no solo se explota al trabajador, sino que también se socava la protección social de todos. Las plataformas deben asumir su responsabilidad y cumplir con la ley. La justicia social y la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social no pueden seguir siendo víctimas de estas prácticas".