La regularización de personas migrantes por arraigo es una herramienta esencial para la economía de nuestro país.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España), considera inaceptable el paso atrás que supone la iniciativa parlamentaria presentada por Vox y respaldada por el PP y Junts para suprimir la vía de arraigo como mecanismo de regularización de personas migrantes. Aunque la propuesta no ha prosperado en el Congreso de los Diputados, su sola presentación refleja un peligroso precedente político que podría condicionar futuros debates en materia migratoria. Desde la posición de UPTA España, bloquear la regularización por arraigo no es solo una cuestión ideológica, sino una amenaza directa a la sostenibilidad del tejido productivo.

Actualmente, más de 900.000 autónomos están en riesgo de desaparición en la próxima década por cuestión de edad y a consecuencia de la falta de relevo generacional en nuestro país. Y hoy, la contribución de las personas migrantes ya es decisiva: Existen 485.330 trabajadores autónomos extranjeros, que suponen más del 14% de la fuerza del colectivo. Además, hay 2.215.917 trabajadores extranjeros por cuenta ajena, lo que equivale al 13% de los asalariados. Estos datos reflejan que, sin inmigración, no sería posible sostener ni el empleo autónomo ni el empleo por cuenta ajena en nuestro país.

El arraigo es una vía legal de regularización prevista en la Ley de Extranjería que permite obtener residencia y, en algunos casos, también permiso de trabajo, a personas extranjeras que ya están integradas en España, ya sea por vínculos familiares, por llevar varios años residiendo y trabajando en el país, o por acreditada inserción social. Se trata de un mecanismo clave para reconocer una realidad social y laboral que permite sostener tanto la economía como la cohesión social en España.

La realidad y económica en España demuestra que sin inmigración no hay relevo generacional posible. Suprimir el arraigo no solo sería un problema para el colectivo de trabajadores autónomos, sino que lo sería para todo el sistema. UPTA recuerda que la población activa española envejece a un ritmo acelerado y que, sin las incorporaciones que aportan las personas migrantes, el sistema productivo y de protección social quedarán en una situación insostenible.

Para Eduardo Abad, presidente de UPTA España, "estas decisiones incomprensibles no responden a criterios racionales para la sostenibilidad del estado del Bienestar, sino a posicionamientos puramente ideológicos. Si no hay trabajadores y trabajadoras, las empresas no pueden funcionar y los negocios se verán obligados a cerrar. Sería una catástrofe para la economía del país."