Declaración institucional. Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia
Tras conocer los acuerdos suscritos por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con los partidos nacionalistas e independentistas que han facilitado la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno de España, y una vez analizado el contenido de los documentos que sustentan dichos acuerdos, en sus implicaciones económicas y financieras, queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación por las consecuencias que la aplicación en su integridad de dichos acuerdos pueda tener en la convivencia de nuestro país y en el menoscabo de los principios de igualdad y solidaridad consagrados en la Constitución Española (CE) en sus artículos 14 y 138.
Esta preocupación, compartida por otros colectivos y colegios profesionales, no pretende valorar el proceso de negociación política en sí mismo, ni discute las potestades de los partidos políticos y grupos parlamentarios para llegar a los acuerdos que estimen oportunos, solo evidencia inquietud que despierta en el colectivo de economistas la eventual aplicación de determinadas medidas previstas en los mencionados acuerdos, que inciden en ámbitos económicos, financieros y tributarios esenciales.
1. Tal como se apuntaba en el preámbulo de esta declaración, el artículo 14 de la CE afirma que "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", igualmente, el artículo 138.1 atribuye al Estado la responsabilidad de garantizar "la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.", lo cual se complementa con el contenido del punto 2 del mencionado artículo "2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales."
Desde el Colegio de Economistas de la Región de Murcia entendemos que, tanto uno como otro, pueden verse amenazados, tal y como se justifica a continuación.
2. En el acuerdo PSOE-Junts se plantea una "modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya". Adicionalmente, se propone apostar por "un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya".
Esta cesión, sin justificación alguna, y la "singularidad" del planteamiento rompe los principios de igualdad y solidaridad.
3. En el acuerdo PSOE-ERC se señala que "Con el fin de sanear la situación financiera de la Generalitat y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda, se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este […] Esta operación supondrá la asunción del entorno del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, contraída por la Generalitat de Catalunya con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales, y supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, y supondrá un ahorro de en torno a 1.300 millones de euros en intereses."
Al margen de que esta propuesta puede generar un problema de riesgo moral, al desincentivar comportamientos tendentes a la necesaria ortodoxia y consolidación fiscal por parte de las administraciones autonómicas, la condonación solo se cuantifica para Cataluña, lo que además de ser desigual, carece de justificación dado que esta región ha recibido en promedio del periodo 2002-2021 una financiación por habitante ajustado prácticamente idéntica a la media, entendiendo, por tanto, que Cataluña recibiría un trato claramente privilegiado.
4. A mayor abundamiento, este mismo acuerdo señala que "La Administración General del Estado asume el compromiso de que la proporción de la inversión pública programada en Catalunya se ajuste a la proporción de la economía de Catalunya en el conjunto del Estado, medido en términos de PIB nominal". A juicio del Colegio de Economistas, este compromiso es claramente insolidario, a la par que injustificado.
5. En el acuerdo PSOE-PNV se pone de manifiesto que las partes concurren para "culminar el autogobierno presente con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes en el plazo improrrogable de dos años". Estando el traspaso de la Seguridad Social incluido en el listado de transferencias pendientes, este texto, de facto, plantea la cesión de la Seguridad Social a una región, lo que rompe el concepto de caja única y, con ello, la solidaridad entre territorios que sustenta nuestro sistema de Seguridad Social.
También se acuerda "modificar en el plazo de seis meses el art. 84.3 y 84.4 del Estatuto de los Trabajadores", medida que, además de plantearse totalmente al margen del necesario diálogo social de los empresarios con los sindicatos, puede generar mayores desigualdades interterritoriales. Continuando en el ámbito laboral, respecto al empleo público, el acuerdo señala que "(…) se podrán consensuar en el seno de las Comisiones Mixtas de Concierto y Convenio, las tasas de reposición de la oferta de empleo público de nuevo ingreso a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren absolutamente prioritarios, y los máximos globales al incremento de la masa retributiva de los empleados públicos". Este planteamiento puede generar un trato discriminatorio respecto a los empleados públicos del resto de territorios, rompiendo el principio de igualdad.
En consecuencia, a tenor de lo expuesto en los párrafos precedentes y en atención a su responsabilidad institucional, el Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia manifiesta su preocupación respecto a la concreción final que el nuevo gobierno realice sobre las propuestas contenidas en los acuerdos firmados y, en todo caso, su oposición a cualquier medida adoptada de manera bilateral sin participación de todas las CCAA que, como las enumeradas, desvirtúe o ponga en riesgo los principios de solidaridad e igualdad consagrados en la Constitución Española, así como las que generen tratos discriminatorios injustificados a las CCAA y quebranten la unidad de mercado.
La Junta de Gobierno