Francia no ha reconocido los certificados A1 de desplazamiento de trabajadores emitidos por la Seguridad Social española y amparados por el derecho comunitario

Terra Fecundis manifiesta que siempre ha cumplido con la normativa nacional y europea de aplicación y tilda el caso de demostración de fuerza de Francia sobre España

La empresa murciana recurrirá ante los tribunales, amparándose en el desplazamiento legal de trabajadores ya que dichos importes se abonaron en España

Prevé una batalla legal larga y envía un mensaje de tranquilidad a sus clientes porque seguirá prestando sus servicios en territorio galo con total normalidad

"No podía ser de otra manera. Tras 10 años de investigación y los millones de euros gastados por Francia en esta investigación, después de la intimidación ejercida sobre nuestros empleados y sobre los agricultores franceses para no usar nuestros servicios y conociendo las campañas de desinformación masiva realizadas en su país para justificarse, el resultado de este juicio era de esperar, por supuesto, vamos a recurrir". Así se expresan desde Terra Fecundis, que hoy ha recibido la sentencia dictada por los tribunales galos por un supuesto incumplimiento de sus obligaciones de hacer declaraciones y de pagar cotizaciones sociales en suelo francés.

La empresa murciana está firmemente decidida a que se reconozcan sus derechos, a través de la aplicación de una legislación europea que "Francia cuestiona sistemáticamente, sin dudar en incitar a la desobediencia a los derechos nacionales contrarios a sus intereses". "Va a ser una batalla legal larga, pero estamos convencidos de que al final la ganaremos", subrayan desde Terra Fecundis, que adelanta que defenderá su honor y la legalidad de su empresa, demostrando que ningún país puede cuestionar las leyes y la soberanía de España, ni estar por encima de la legislación europea.

De hecho, desde Terra Fecundis esta sentencia se ve como un punto de inflexión, ya que durante los últimos 10 años el Estado francés no le ha permitido acceder al expediente de la investigación, impidiendo ejercer cualquier defensa y solicitar medidas efectivas en Francia y España para hacer valer sus derechos y justificar la ausencia de infracción. "Por fin podemos defendernos", subrayan.

Mensaje de tranquilidad

Tras el veredicto emitido hoy, la empresa murciana recuerda que siempre ha cumplido con la normativas española, francesa y europea. Una sentencia que rebaja considerablemente las peticiones iniciales de la administración gala, que pretendía la disolución de la sociedad y sancionarla con 115 millones de euros incluidos los recargos, y que para los socios fundadores pedía una pena de 21 años de prisión. Finalmente, estas pretensiones han quedado reducidas a una inhabilitación de la sociedad en el país galo que queda suspendida hasta que haya sentencia firme y una sanción de 500.000 euros a la empresa, y para los socios 4 años de prisión (sin privación de libertad) y una multa de 100.000 euros.

"Queremos enviar un mensaje de tranquilidad a nuestros clientes porque seguimos trabajando en Francia con total normalidad. Siempre hemos cumplido con la ley y recorreremos todo el camino legal necesario hasta que eso sea reconocido", anuncian.

Muchas incoherencias

Un proceso en el que la empresa murciana advierte muchas incoherencias, como que Francia, tan rápida en considerar Terra Fecundis como establecida en su país, ni siquiera consideró útil viajar a España para corroborar sus alegaciones. "Entendemos que será porque habrían comprobado que realmente desarrollamos nuestra actividad en suelo español, que tenemos una estructura real aquí y no una simple fachada para realizar un 'dumping social'", plantean.

Otro sinsentido de toda esta situación legal apunta a los servicios franceses de la Seguridad Social, que no consideraron útil -como la ley les obliga- consultar a la Comisión de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social. "Es el único organismo competente para designar al Estado con derecho a evaluar las cotizaciones sociales, pero ni siquiera le han preguntado, todo ello para evitar una opinión desfavorable a Francia", exponen desde Terra Fecundis.

Y otro aspecto que destaca en este caso es la negativa de la administración gala a valorar que Terra Fecundis ha estado tutelada por la Tesorería General de la Seguridad Social española, organismo responsable de la emisión de certificados A1 que dan legalidad al desplazamiento de trabajadores; la inspección de trabajo española, y por el consulado francés. "Y, para rematar, ha quedado claro que a Francia no le importa los certificados A1 emitidos por la Seguridad Social española y amparados por el derecho comunitario. Unos certificados que la sentencia ha omitido totalmente, lo que demuestra que han ignorado por completo la legislación de España y de Europa", informan.

Demostración de fuerza

En realidad, para Terra Fecundis este caso no es más que una demostración de fuerza de Francia sobre España. "Hablamos de un país que predica el estrechamiento de los lazos económicos con sus socios europeos en el marco de los ideales comunitarios y en pos del desarrollo. Y, al mismo tiempo, rechazan la aplicación del derecho comunitario", se sorprenden.

Una situación que desde la empresa murciana ven como un claro ejemplo de las prácticas francesas para disuadir a las sociedades de otros países de la UE de que ejerzan parte de su actividad en territorio galo. "Nosotros hemos sido la primera empresa española en ser juzgados porque fuimos pioneros, pero Francia ya lo ha hecho antes con las de otros países comunitarios, como Bélgica, y otras que han llegado después ya lo empiezan a sufrir. Incluso algunas han tomado la decisión de marcharse y no trabajar en suelo galo", advierten.