El servicio regional gratuito de mediación especializado en hostelería, formado por abogados y economistas, atiende a 50 profesionales desde el pasado mes de diciembre, con el fin de lograr un punto de entendimiento con los propietarios de sus locales para flexibilizar las condiciones y negociar la cuota del arrendamiento.

El director general de Vivienda, José Francisco Lajara, hizo balance de este servicio que ayuda a los hosteleros y a los propietarios de los locales a negociar los precios por el tiempo que dure la crisis sanitaria. Forma parte del plan de apoyo al sector de la hostelería puesto en marcha por el Ejecutivo regional tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, en el marco del Plan ReActivä.

"Es una herramienta que ponemos a disposición de los hosteleros con el objetivo de ayudarles en estos momentos de serias dificultades y evitar, a través del diálogo y la mediación, que lleguen a un conflicto judicial", manifestó el director.

Recordó que el primer paso para acceder a este servicio especializado es que todo aquel que esté interesado lo solicite.

A partir de ese momento se pone en marcha todo el proceso de mediación. En primer lugar, el equipo técnico de mediación estudia el caso, la idoneidad de la mediación y de sus interlocutores y analizan si existen impedimentos legales (como por ejemplo la imposibilidad de llegar a acuerdos por encontrarse en situación de insolvencia o concursal de administrador societario de la empresa solicitante).

A continuación, se mantiene una sesión informativa personalizada y de orientación dirigida a los solicitantes para que conozcan las ventajas de la mediación como método de resolución alternativa del conflicto, la labor del mediador, las características del proceso y los efectos del acuerdo.

"Hasta la fecha se han realizado 22 sesiones informativas entre propietarios de locales e inquilinos para buscar soluciones", señaló el director. Explicó que en estos encuentros se exploran diferentes opciones, que pueden ir desde la reducción de la renta del alquiler o en proporción a las pérdidas, e incluso una moratoria del pago de la renta para actualizar las cuotas impagadas en los años venideros cuando la situación mejore.

Una vez alcanzado un acuerdo, se redactará por escrito y se firmará por ambas partes como un nuevo contrato o anexo al existente. Actualmente hay 16 expedientes en proceso de negociación. El nuevo texto tendrá efectos vinculantes entre las partes desde la fecha de su firma y con terceros, sometiéndose al fuero de los tribunales o, en su caso, al procedimiento de arbitraje.