OBJETIVOS GENERALES 

-Flexibilidad para el sector privado con el objetivo de defender la actividad empresarial y, con ello, el empleo de los trabajadores.

-Protección de la actividad de grandes empresas, pymes, micropymes y autónomos, ya que se trata de un problema transversal y todas ellas, independientemente del sector en el que ejerzan su actividad, se están viendo afectadas por la pandemia.

Medidas de ámbito autonómico/estatal 

1) Suspensión de los plazos administrativos que afectan a las obligaciones de las empresas.

2) Mecanismos útiles y rápidos que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas y a los autónomos, para evitar su quiebra inmediata y que puedan mantener la actividad protegiendo el empleo.

3) Medidas urgentes de índole laboral, como se recoge en el acuerdo suscrito entre empresarios y sindicatos, en especial la simplificación y agilización de los procedimientos en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) con efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones, como el actual estado de alarma, de una fuerza mayor para su presentación.

4) Aplazamientos y fraccionamientos de pago de manera automática y sin intereses por un plazo suficiente para todos los pagos tributarios que tengan que realizar las empresas que hayan sufrido de forma significativa una caída en sus ingresos o un incremento de los gastos en 2020 por el COVID19.

5) Ante la falta de liquidez provocada por la inactividad, que se suspenda la obligación de pago de las cotizaciones por parte de la empresa, mientras que, del lado de la persona trabajadora, se contemple el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo.  6) Facilidades para el teletrabajo, entendiendo por cumplida la obligación de las empresas de valorar los riesgos con la autoevaluación realizada por el propio trabajador.

7) En referencia al colectivo de los autónomos, que se encuentra en una situación especialmente difícil que requiere también la suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario.

8) Línea de avales públicos suficiente que facilite el acceso al crédito por parte de las empresas, especialmente de pymes y autónomos.

9) Que las Administraciones Públicas abonen de inmediato a sus proveedores las facturas pendientes y las que reciban, sin siquiera agotar los plazos que fija la Ley de Morosidad, así como que se aceleren las devoluciones tributarias pendientes, sobre todo el IVA.

10) En el ámbito laboral, permitir un mayor margen de flexibilidad del tiempo de trabajo con el fin de facilitar la adaptación de la jornada laboral (con ampliación o reducción) a las nuevas situaciones generadas por la pandemia.

Del mismo modo, facilitar las suspensiones temporales de la relación laboral que la nueva situación requiera considerándolas de fuerza mayor.

11) Reiterar que en materia de Seguridad Social, aplazamiento o en su caso exoneración del pago de las cuotas de la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho periodo como efectivamente cotizado por el trabajador. Principalmente urgente para la Industria, la Sanidad, la Educación, la Atención a la Dependencia, el Transporte, la Hostelería, el Ocio y el Turismo y el Comercio, así como el Mueble y el Calzado.

12) En materia fiscal: 

• Favorecer a través del diálogo social una bajada urgente de impuestos de sociedades y renta para las empresas y trabajadores afectados por esta situación extraordinaria.
• Habilitar un paquete de medidas que faciliten el acceso a la financiación de las empresas en condiciones a coste cero. En este sentido, CROEM solicita el respaldo del Gobierno regional, a través del Instituto de Fomento, a una adenda al acuerdo por la Innovación, la Digitalización y la Inversión Sostenible suscrito en su momento por CROEM, Aválam y las entidades bancarias para facilitar la financiación de pymes, micropymes y autónomos de la Región de Murcia para paliar los efectos del COVID-19.

Medidas de ámbito municipal 

1) Bonificación y en su defecto exención de la tarifa de agua, así como la colaboración de los ayuntamientos para la reducción de tarifas de luz y gas.

2) Bonificación y exención de los Impuestos de Actividades Económicas y de Bienes Inmuebles (IAE e IBI).  

3) Cualquier otra medida de calado necesaria para que prevalezca la recuperación de la actividad de sectores empresariales estratégicos como hostelería, ocio, turismo, comercio y otros.