MC Cartagena ha conseguido el apoyo unánime del Pleno a la iniciativa propuesta por el portavoz y líder cartagenerista, Jesús Giménez Gallo, para que el Gobierno local inicie los trámites administrativos y técnicos necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza municipal que regule la instalación de plantas fotovoltaicas y demás infraestructuras de producción de energía solar en el término municipal. Se trata de un tema que preocupa a los ciudadanos de Cartagena, sobre todo en el entorno del Mar Menor, y sobre el que MC no puede estar de brazos cruzados.

Desde la formación cartagenerista valoran este acuerdo como un paso imprescindible para garantizar la convivencia, la seguridad jurídica y un desarrollo ordenado del municipio, aunque advierten de que la falta de previsión política en los últimos años ha provocado conflictos que ahora ya son difíciles de revertir. No obstante, Giménez Gallo ha advertido de que "el problema es que hemos llegado tarde", recordando que algunos proyectos fotovoltaicos ya tramitados, como el situado junto a Los Belones, pueden resultar irreversibles si no se modifican sus condiciones. Y es que, el líder de MC ha explicado durante el debate plenario que "los vecinos han podido comprobar que existen dos formas de legislar este asunto: por un lado el Plan General y por otro el de la convivencia diaria, que es donde actúan las ordenanzas municipales".

En este sentido, ha lamentado que el Ayuntamiento ha tardado cuatro años en ponerse las pilas, teniendo en cuenta que el día 12 de febrero se aprobará provisionalmente el Plan General. "Tiempo de sobra para haber aprobado tanto una ordenanza como una modificación del Plan", ha recalcado Giménez Gallo.

El portavoz cartagenerista ha insistido en que una ordenanza municipal "no es nada extraordinario ni complejo, es una herramienta del día a día de cualquier ayuntamiento para regular la convivencia", reprochando al Gobierno local haber dejado pasar el tiempo hasta que el conflicto ha estallado.

Así, MC apunta que Cartagena es un municipio extenso, disperso y con una gran superficie de suelo agrícola, lo que hace aún más urgente contar con una normativa clara que evite que plantas fotovoltaicas o de biogás puedan instalarse sin una planificación adecuada. "Los políticos estamos para apagar fuegos, pero sobre todo para evitar que se provoquen, y en este caso el fuego no lo genera el empresario que pide una planta, sino quienes han dejado pasar los años sin regular", ha concluido Giménez Gallo.