El Ayuntamiento de Cartagena y Plena Inclusión, el movimiento asociativo que lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual, impulsarán la realización de prácticas laborales de las personas con discapacidad en la Administración.

Esas prácticas laborales ya se llevan a cabo por parte de otras entidades a través de convenios puntuales. De este modo, el Gobierno dará respuesta a una de las demandas planteadas por Plena Inclusión y Astus en la reunión mantenida esta semana entre su presidente, Joaquín Barberá, y la alcaldesa, Noelia Arroyo, y la nueva concejal de Política Social, Familia e Igualdad, Cristina Mora.

La alcaldesa ha destacado que no es la primera vez que desde el Ayuntamiento se facilita la realización de prácticas laborales a personas con discapacidad, y ha resaltado “el compromiso que las administraciones públicas debemos mantener para hacer efectiva la igualdad y la inclusión contribuyendo a la integración en la sociedad de las personas con discapacidad a través de una relación laboral”.

De hecho, el Ayuntamiento de Cartagena cuenta en su plantilla con 48 personas con discapacidad reconocida de más del 33%. En su mayoría son de tipo intelectual. Entre ellos hay administrativos, arqueólogos, monitores deportivos, polícias locales, pintores, profesores o porteros.

La alcaldesa, además, abordó con el presidente de Astus y de Plena Inclusión otras peticiones del movimiento asociativo para hacer efectiva la reserva de plazas de personas con discapacidad intelectual en la próxima convocatoria de la Oferta de Empleo Público, de un 2%.

Otra de las demandas de Barberá se refiere a la exención del impuesto de vehículos de tracción mecánica para los vehículos de la asociación que se usan para los desplazamientos de las personas que hacen uso de sus servicios; además de pedir que se desarrollen proyectos de accesibilidad con cargo a fondos europeos.