La Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprobado el proyecto de la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Cartagena, un texto con el que el Consistorio quiere reforzar la protección del espacio público y agilizar la reparación de daños frente a conductas que alteran la vida en calles, plazas y parques, según ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

“La convivencia necesita reglas claras, capacidad de reacción y una administración preparada para actuar cuando el espacio público se degrada, la calle deja de servir al uso común y aparecen conductas que alteran la vida diaria de vecinos y comerciantes”. El texto, resultado del análisis de las ordenanzas más eficaces de España, se ha adaptado a los problemas actuales del municipio y está elaborada para dar más margen de actuación a la administración municipal.

“Esta no es una ordenanza para recaudar, sino para reparar los daños causados y hacer que los espacios públicos, que a los cartageneros nos cuesta mantener y cuidar, sean respetados por todos”, ha explicado la alcaldesa. Por esa razón la norma prevé medidas que evitan y corrigen los resultados de un mal uso de las zonas públicas, como la retirada cautelar de materiales, decomiso de objetos, suspensión de actividades, reposición de la situación alterada y la reparación de daños. En los supuestos que afecten a bienes municipales, la sanción será compatible con la obligación de pagar el coste de la reparación o la indemnización correspondiente.

En los casos de grafitis, carteles o vandalismo, además de intervenir los materiales empleados, los agentes podrán ordenar la limpieza inmediata cuando sea posible. “El primer paso para tener un municipio limpio es no ensuciarlo”, ha señalado la alcaldesa en la exposición del texto. Si no se actúa de forma voluntaria, el Ayuntamiento podrá ejecutar la reparación de forma subsidiaria y repercutir después el gasto al responsable. Será igual en otros ámbitos, como la publicidad no autorizada o los daños sobre mobiliario urbano, papeleras, contenedores, parques, jardines y elementos patrimoniales.

La mediación ocupa además un papel propio en el proyecto. El Ayuntamiento la incorpora como vía de resolución alternativa de conflictos para rebajar la tensión y ofrecer una salida pactada en problemas derivados del uso compartido del espacio público. En el caso de menores, la propuesta regula un sistema voluntario con personal especializado en el que podrán participar el menor, sus progenitores o tutores y, cuando proceda, las personas afectadas. La finalidad es que el infractor comprenda el daño causado y que se alcance un acuerdo sobre la forma de repararlo. La ordenanza permite incluso reconducir otros expedientes a esa vía cuando se considere más eficaz que la sanción ordinaria y añade la colaboración municipal con la justicia de proximidad.

Mendicidad

Cartagena es pionera en patrullas mixtas de policías y trabajadores sociales para la mendicidad, pero se actuará especialmente en casos de mendicidad violenta o con menores. “La ordenanza no sanciona la pobreza, sino las conductas insistentes o agresivas que molestan, acosan o impiden el uso de la vía pública”.

En usos impropios del espacio público, como acampadas, si concurren razones de salud, seguridad o vulnerabilidad, los servicios municipales podrán acompañar a la persona a un recurso adecuado y no imponer la sanción.

La ordenanza prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos en la vía pública. “No se sancionará, lógicamente, a las víctimas de explotación sexual; a ellas el Ayuntamiento prestará información y ayuda para abandonar esas prácticas”, ha dicho la alcaldesa.

El texto incluye también el fenómeno del absentismo escolar, por el que deberán responder los padres que no garanticen la escolarización. La ordenanza contempla sanciones, peor también la asistencia a sesiones de atención individualizada o cursos de formación como alternativa a la multa.

Las sanciones de la ordenanza varían según la gravedad de la conducta. El texto fija multas de hasta 120 euros en algunas infracciones leves ligadas a mendicidad, de hasta 500 euros en usos impropios del espacio público, de hasta 750 euros en varios supuestos leves y de 750,01 a 1.500 euros o de 1.500,01 a 3.000 euros en los casos graves y muy graves. Entre estos últimos figuran, por ejemplo, los daños sobre patrimonio protegido, la mendicidad con menores o personas con discapacidad, el trile o las prácticas sexuales retribuidas a menos de 200 metros de centros educativos.

Junto a la parte coercitiva, el proyecto dedica un capítulo al fomento de la convivencia. Ahí incluye campañas informativas, acciones educativas, programas para menores y jóvenes, colaboración con asociaciones y entidades ciudadanas, impulso del voluntariado y medidas de respeto a la diversidad cultural y religiosa.

El proyecto de la ordenanza deberá ser aprobada incialmente por el pleno del Ayuntamiento, sometiéndose posteriormente a exposición pública, antes de su aprobación definitiva.