La Federación de Enseñanza de CCOO exige como primera y más importante iniciativa la paralización de la aplicación de la LOMCE en cada una de las comunidades autónomas. La paralización ha de ir acompañada de una "transición educativa" que debería culminar con la derogación definitiva de la ley, tal y como se comprometió a hacer una amplia mayoría parlamentaria en el momento en que se produzca la salida del PP del gobierno estatal.

Las elecciones del pasado 24 de mayo darán lugar a nuevos gobiernos autonómicos y municipales que deberán tomar decisiones urgentes e ineludibles en Educación para frenar el expolio vivido durante los últimos años y recuperar la calidad que, a duras penas, nuestro sistema educativo ha mantenido gracias al trabajo conjunto de docentes, familias y alumnado.

La ciudadanía española ha votado en contra de las políticas conservadoras ejecutadas por el Partido Popular que se han caracterizado por un debilitamiento intencionado de la enseñanza pública en el marco de un desmantelamiento programado al servicio de la mercantilización y privatización del servicio educativo, y ha apostado por las políticas progresistas de defensa y potenciación de lo público que defendemos desde CCOO.

En este nuevo escenario político, la Federación de Enseñanza de CCOO plantea a los equipos de gobierno de las comunidades autónomas que, tras los últimos comicios sustituyan a los conservadores, cinco medidas educativas fundamentales para construir un modelo capaz de afrontar los problemas reales de la educación.

Son las siguientes:

1. Paralización de la aplicación de la LOMCE y apertura de un proceso real de diálogo y consenso con la comunidad escolar (profesorado, familias y alumnado) que dé lugar a un proyecto compartido que convierta a la educación en una verdadera prioridad social y presupuestaria en nuestro país.

2. Reversión de los recortes y compromiso de una financiación suficiente, de al menos el 7% del PIB, para todo el sistema educativo. Recuperación de los más de 32.000 puestos de trabajo docente perdidos desde 2012 (3.000 en nuestra región) y diseño de un plan de empleo que eliminando la tasa de reposición dote a la educación pública de un número suficiente de profesionales y recupere las diezmadas plantillas docentes de los centros educativos.

CCOO Enseñanza defiende que los fondos destinados a gasto público educativo e I+D+i no deben computar en los porcentajes de déficit público o deuda pública a la hora de cumplir con los programas de estabilidad de la UE ya que el retorno de estas inversiones en términos de progreso, bienestar y cohesión social suponen un bien impagable para cualquier país.

3. Eficacia en la gestión del sistema educativo público en las diferentes comunidades autónomas, con la implantación de medidas que aseguren la calidad educativa desde la primera infancia (centros, ratios, atención a la diversidad, desdobles, plantillas, etc..) a la educación a lo largo de la vida más allá de la búsqueda de la mera empleabilidad (para lo que resulta imprescindible recuperar una apuesta decidida por la Educación de personas adultas).

4. Impulso de una educación superior a la altura de las nuevas demandas sociales y productivas, de marcado carácter público y basado en la planificación y la colaboración entre administraciones. Paralización de los decretos: Resulta de máxima urgencia la paralización de los dos reales decretos que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, así como la no aplicación y derogación del ya aprobado que modifica la ordenación de las enseñanzas universitarias y da entrada a los grados de tres años y los másteres de dos.

5. Apertura de las Mesas de negociación con los sindicatos para dar solución a los problemas del sistema educativo y atender a las necesidades del profesorado y del personal de servicios educativos y sus condiciones laborales, de manera que se garantice el ejercicio de los profesionales de la educación con calidad y dignidad y se ponga fin al contexto de degradación profesional y laboral que hemos padecido durante los últimos cuatro años. Procurar que esas condiciones sean adecuadas es un derecho del colectivo docente y del resto de trabajadores de la enseñanza, pero también un importante factor de calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes.

En nuestra Región conminamos a los partidos políticos que conformen o apoyen el nuevo gobierno regional pues resulta imprescindible un cambio de gestores educativos para evitar el derrumbe definitivo del sistema público educativo- a emprender negociaciones urgentes con las organizaciones sindicales para evitar la consumación de nuevas e inminentes agresiones laborales.