La asociación considera que el Plan General constituye la herramienta fundamental de ordenación del suelo y actividades del municipio, clave para el modelo de desarrollo de las próximas décadas, y debería de tenerse en cuenta en las conversaciones de las diferentes fuerzas políticas para cualquier acuerdo de gobierno y elección de la nueva corporación
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia anulando la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena, y su aprobación por parte de la Comunidad Autónoma, declarándolos nulos, ratifica, desde el punto de vista de ANSE, las graves deficiencias de fondo del documento que ordena los usos del suelo en el Municipio de Cartagena, y obliga a revisar en profundidad el documento aprobado definitivamente a finales de 2011.
La sentencia, que estima el recurso de la constructora EMASA y que no debiera ser recurrida, reconoce que los defectos son numerosos y que abarcan a la totalidad del Municipio, como ANSE viene manteniendo desde que recurrió ante la Comunidad Autónoma la aprobación del Texto Refundido, recurso que nunca fue respondido.
Ante todo, la sentencia obligará a la nueva corporación, gobierne quien gobierne, a subsanar el enorme número de deficiencias de todo tipo, que afectan al modelo territorial fundamental, de un documento que nunca debió de ser aprobado. Además, las modificaciones que se realicen deberán de someterse a información pública, tras incorporar multitud de consideraciones ambientales y urbanísticas, de protección del patrimonio y cauces, evaluación de riesgos, etc.
Para ANSE, la sentencia brinda una nueva oportunidad a todos los cartageneros para plantear un modelo territorial (un nuevo PGOU) en nuestro municipio que apueste por la sostenibilidad ambiental, económica y social, por un mayor diálogo y participación a nivel político y ciudadano, y por un mayor respecto y cumplimiento de las normas que protegen nuestros recursos y derechos.
ANSE recuerda que el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma aprobaron un nuevo Plan General que rebajó la protección del suelo en la ribera Sur del Mar Menor, consolidando el desarrollo urbanístico de Novo Carthago, incluyó suelos urbanos en Cala Reona y bosque de Atamaría, no aportó información cartográfica fundamental sobre hábitats naturales, riesgos ambientales e infraestructura diversas, no incluyó suelos protegidos fuera de los que estaba obligada por la normativa europea y autonómica. Todas estas y otras muchas deficiencias fueron informadas negativamente por la misma Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, y nunca fueron corregidas. Tanto desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento como desde la Dirección General de Ordenación del Territorio se afirmó en diversas ocasiones que tan solo eran "opiniones" que no era obligatorio cumplir.
La Asociación de Naturalistas del Sureste interpuso también Recurso Contencioso Administrativo contra la aprobación del Texto Refundido del Plan Municipal de Ordenación de Cartagena, que fue rechazada hace un par de semanas por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Curiosamente, dos de los tres jueces que firmaron la sentencia que rechazaba el recurso de ANSE, incluyendo la presidenta, han sido también los que han dictado la sentencia estimando la demanda interpuesta por la constructora Emasa contra la aprobación del Plan General.
Los argumentos utilizados por los jueces del TSJ para considerar nula la revisión del Plan General coinciden en gran medida con las argumentadas por ANSE en su demanda, aunque esta fuera rechazada, al estimar que la asociación debería de haber recurrido la publicación que aprobaba el nuevo Plan General, en lugar del Texto Refundido. Resulta paradójico que en el recurso presentado por EMASA, la Comunidad Autónoma argumentara que la constructora debería de haber recurrido la publicación del Texto Refundido, precisamente el recurrido por ANSE sin que todavía haya obtenido respuesta.