El equipo de Gobierno del PP ha rechazado en el pleno todas las iniciativas en materia de Sanidad, Educación, Seguridad o Servicios Públicos, entre otras, presentadas por IU-Verdes, votando en contra de los intereses de la ciudadanía. Eso sí, si ha demostrado su intención de llevar a cabo el pucherazo, a través de la reforma de la Ley Electoral con la que pretende blindarse el PP ante la debacle que se le avecina en los próximos comicios locales, autonómicos y nacionales, negándose el equipo de Gobierno municipal a mostrar su rechazo. Un pucherazo que permitiría tener mayoría absoluta sin que la dieran las urnas, promoviendo un cambio de la ley a escasos meses de las elecciones y que blindaría al PP ante la pérdida de dicha mayoría absoluta que se puede deducir si se extrapolan los resultados de las Elecciones Europeas a las autonómicas y municipales.

Esa intención de perpetuarse en el poder en contra de la voluntad popular, lleva al PP a esconder sus responsabilidades en los motivos que provocaron las inundaciones del pasado 26 de septiembre, negándose, a través del concejal de Infraestructuras, Francisco Espejo, a que el asunto sea tratado, e informado, en la Junta de Portavoces para que la oposición conozca los motivos por lo que se produjeron dichas inundaciones, pese a que hace apenas dos semanas ese mismo edil y el de Seguridad Ciudadana, Mariano García, aseguraron a los medios de comunicación que todo estaba preparado para resistir fuertes lluvias y que no se produciría ningún tipo de incidente, lo que ha quedado claro que no era verdad, tal y como pudieron constatar los ciudadanos.

La falta de interés por los problemas de los colectivos más desfavorecidos y en riesgo de exclusión que muestra el PP ha quedado clarísima ante la respuesta realizada a la petición de IU-Verdes, a través de una moción de la concejala María Rosa Mateo, de que los juegos infantiles existentes en los parques públicos de Cartagena se adapten para que puedan ser utilizados, y disfrutados, por los niños del municipio con discapacidad tal y como establece la legislación vigente aprobada en noviembre de 2013. La contestación del concejal de Infraestructuras para rechazarla ha sido asegurar que ellos tienen previsto "un plan mucho más amplio", pero sin especificar en que consiste, mostrando una vez más la insensibilidad y falta de preocupación del PP por los más desfavorecidos o los que por cualquier motivo, como la discapacidad, se pueden ver discriminados.

También ha quedado en el pleno patente la falta de interés del PP por la salud, e incluso por la vida, de los ciudadanos de Cartagena ya que se ha negado a pedir a la Consejería de Sanidad que se instale un servicio de Hemodinámica -el que atiende a los infartados- en el Hospital Santa Lucía los 365 días del año y las 24 horas del día, tal y como sucede en La Arrixaca, ya que en la actualidad solo funciona de lunes a viernes y no todo el día, lo que obliga a trasladar a muchos pacientes a Murcia cuando sufren un infarto, con el consiguiente riesgo para su vida debido a que el tiempo de atención es básico en los incidentes cardiovasculares. El concejal de Sanidad se ha negado a que el PP apoye la petición asegurando que "hay que valorar lo que tenemos" y que cuando las circunstancias lo permitan, plazo de tiempo ambiguo donde lo haya, se dotará a Cartagena de tal servicio.

El también escaso interés por la seguridad de los ciudadanos, en materia vial, se ha patentizado en la negativa de realizar las mejoras solicitadas por IU-Verdes en la carretera que une la Autovía de La Manga con la localidad de Los Nietos, que presenta carencias en señalización vertical y horizontal, entre otras. El argumento, esgrimido por el concejal de Seguridad Ciudadana, Mariano García, es la baja siniestrabilidad de la carretera ("apenas" algo más de 30 incidentes según sus palabras). Otra petición relacionada con el trazado viario del municipio, presentada hoy por IU-Verdes a través de la concejala María Rosa Mateo, la de proceder a la limpieza de rotondas y cunetas del municipio que presentan un lamentable estado, también ha sido rechazada en el pleno por el PP. Eso sí, asegurando que, casualmente, era algo que tenían previsto y que se llevará a cabo en los próximos meses a través de un programa de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. De nuevo, el equipo de Gobierno del PP rechaza una iniciativa de IU-Verdes para luego apropiársela, como viene haciendo repetidas veces durante la presente legislatura.

El incumplimiento de las promesas realizadas en 2007 al colectivo educativo de La Aljorra de construir un nuevo colegio en unos terrenos municipales cedidos a la Consejería de Educación que sustituyan a los dos centros obsoletos existentes en la actualidad, ha sido justificada por el vicealcalde José Cabezos afirmando que tales terrenos son, según los técnicos inundables. Curiosa declaración que puede poner en entredicho otras actuaciones municipales -concesión de licencias de construcción de viviendas- que se encuentran actualmente en proceso judicial.

Los imparables intentos de desmantelar todo lo público que tienen los dirigentes del PP también ha quedado clara en el pleno. Así, la petición de que el Ayuntamiento se manifieste en defensa del servicio público de Correos, objeto de codicia en los últimos tiempos de las empresas privadas con la connivencia del Gobierno del PP, realizada por Cayetano Jaime Moltó a través de moción, ha sido rechazada por el vicealcalde José Cabezos. Eso sí, sin contestar en ningún momento a lo verdaderamente pedido, defendiendo la idea del Gobierno central de Mariano Rajoy de reforzar las plantillas de la Agencia Tributaria con personal de Correos -en teoría para una lucha contra el fraude fiscal, eso sí, nunca de los que más defraudan sino posiblemente de los ciudadanos más cumplidores con el fisco-, lo que no es más que una muestra más de la intención de dejar sin efectivos a este servicio centenario para ponerlo en manos de las empresas privadas, como otros tantos de carácter público en los años de Gobierno del Partido Popular.

La privatización de los servicios públicos que ofrece el Espacio Joven de la Concejalía de Juventud que fue aprobada por el equipo de Gobierno municipal del PP en abril y que IU-Verdes ha denunciado a través de una moción pidiendo que no se lleve a cabo, ha sido defendida por la concejala Ruth Collado diciendo que con dicha privatización buscan dar "el mejor y más óptimo servicio", lo que no solo deja en entredicho la actuación de los funcionarios municipales que prestan su labor en el citado Espacio Joven, sino que ratifica la intención del PP de acabar con la función pública y los servicios públicos y gratuitos a los ciudadanos. Eso sí, en su defensa de lo privado sobre lo público, el PP ha defendido, en contra de la petición presentada por IU-Verdes, que se pague la deuda exigida por la mercantil que explota la desaladora de Escombreras, ya que es ilegítima -al tener una conexión directa con el proyecto de urbanización de un espacio protegido que quería llevar a cabo Hansa Urbana- y contraída de una forma odiosa e irresponsable por los actuales gestores políticos de nuestra Comunidad Autónoma.

El trato a favor a la UCAM, con un convenio por cinco años -que "hipoteca" al futuro consistorio que salga en mayo del año próximo de las urnas- descuentos para la utilización de las pistas deportivas municipales a un precio mucho más ventajoso que el que se ofrece a los ciudadanos -lo que es curioso en una institución docente que, con las tarifas que ellos mismos anuncian, pagaría tales servicios con la matrícula de apenas una docena de alumnos- que reduce el número de horas libres para la ciudadanía y que contrasta con la poca atención que se presta a niños y jóvenes del municipio que no pueden costear las tasas establecidas, ha sido apoyado por el PP a través del concejal de Deportes, Diego Ortega, en contra de la petición presentada por IU-Verdes de reconsideración de dicho convenio, con argumentos que en ningún momento han rebatido los de la formación de izquierdas, sino tan sólo haciendo un panegírico de la institución docente de carácter privado que se beneficia de algo que se niega a los ciudadanos de a pie y más desfavorecidos.