Cartagena

El Foro Ciudadano de La Manga alega al PGOU de Cartagena por urbanizar El Vivero

Murcia, 28 feb (EFE).- El recién constituido Foro Ciudadano de La Manga ha presentado alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena por incluir como consolidado el Plan Parcial de El Vivero, donde se pretenden construir el equivalente a 40 torres de ocho plantas.

Esto supondría unas 1.500 viviendas y apartamentos turísticos nuevos en la zona lindante con el Mar Menor, y según el Foro "con la Ley en la mano" se podría rescatar para uso público.

Según un portavoz del citado Foro, esa zona era en su origen una gran cala, que fue desecada y rellenada en la década de los años 60 por el promotor de La Manga.

En la actualidad es propiedad de la empresa Portman Golf y otros, que reactivaron el proyecto de construcción y consiguieron en 2004 su aprobación definitiva a través de un Plan Parcial.

Esta se consiguió después de que los responsables de la Consejería de Obras Públicas modificaran en 1999 el Plan General para reclasificar los terrenos, tramitar y aprobar un nuevo e inexistente Plan Parcial, que fue entonces recurrido por la dirección general de Costas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ que, a su vez, anuló esa aprobación en 2002.

Sin embargo, el BORM de 26/01/05 publicó la aprobación definitiva del Plan Parcial El Vivero, por parte del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana "con unos más que cuestionables favorables informes técnicos de Urbanismo y de Costas".

En 2005, el ayuntamiento de Cartagena adjudicó a Portman Golf el Programa de Actuación, cuya aprobación se encuentra recurrida ante el TSJ por sus propios socios, pero según el Foro, como no está aprobado ni el proyecto de urbanización ni se han realizado obras, con "la Ley en la mano se puede rescatar la concesión para su uso público".

El Foro añade en sus alegaciones que la empresa pretende mantener el aprovechamiento urbanístico inicial, a pesar de tener mucha menor superficie a consecuencia de la reglamentación de nuevos deslindes del dominio público y la obligación de separar la edificación 100 metros de dominio público.

Por ello, la citada Asociación opina que la empresa intenta concentrar la edificabilidad en el equivalente a 40 torres de ocho plantas, lo que supondría unos 6.000 nuevos habitantes en esa zona de La Manga y además sin ningún equipamiento público.

Además este colectivo califica de "disparate e ilegalidad" que como no sirve el proyecto inicial, se haga uno totalmente distinto y se acojan a una Sentencia de la Audiencia Nacional de 1978 (hace 30 años) para evitar que se fiscalice el Plan Parcial con las leyes vigentes "cuando no tiene nada que ver con el (plan) inicial".

Para el Foro, la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena "resultaría (un momento) oportuno para reconsiderar esa urbanización, al observarse circunstancias sobrevenidas y defectos formales que justifican la revisión de los acuerdos y aprobaciones".

La asociación asegura que debería comprobarse si se han cumplido los plazos reglamentarios de gestión, urbanización y edificación así como los trámites ambientales a los que no se ha sometido.

También se cuestiona si el acuerdo del consejero de octubre de 2004 de aprobación definitiva es nulo de pleno derecho al fundamentarse en informes no competentes de Costas y de Urbanismo y en "interpretaciones contradictorias".

Según el Foro el informe favorable de la dirección general de Costas de abril de 2004 es "incompetente y de eficacia nula" al estar firmado por una Jefe de Servicio de Informes de Normativa y no por el órgano competente que es el director general de Costas, por delegación del Ministro.

Añade que existe sobre este "informe" otro defecto formal de incumplimiento reglamentario al presentar la documentación directamente en la dirección general y no a través de la Demarcación de Murcia, que desconoce el informe.

Para El Foro el informe favorable de la dirección general de Urbanismo es también "incompetente" porque está redactado por el subdirector general de Vivienda cuando debería corresponder al Servicio de Urbanismo, que nunca informó al respecto. EFE

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