El toque de queda no se refleja como tal en ninguna legislación española al prohibir un derecho constitucional fundamental como es el de movimiento. Muchos juristas como D. Javier Albar, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón, han puesto en duda en repetidas ocasiones la constitucionalidad de restringir derechos fundamentales apoyándose en leyes sanitarias o incluso en el estado de alarma.
El 30 de abril, él mismo quiso consultar al Tribunal Constitucional sobre la legalidad del confinamiento con base en esta figura, por lo que ahora que se plantea un posible toque de queda, defiende la misma idea: el Gobierno tendría que ir un paso más allá y aprobar el estado de excepción.