La Policía Local de Totana continúa trabajando en la erradicación del transporte ilegal de viajeros en el municipio, dado que desde el año 2006, se han tramitado al Servicio de Inspección y Sanciones, dependiente de la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Murcia, más de 130 expedientes sancionadores.

Estas sanciones se tramitan por "realizar un transporte público de viajeros careciendo de autorización de transporte", actividad que vulnera lo establecido en el artículo 141 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, y cuya sanción asciende a una cuantía de 1.501 euros, responsabilidad del titular del vehículo.

La práctica de esta actividad ilegal afecta principalmente al colectivo de los servicios regulares de transporte de viajeros, al sector del taxi y a los propios usuarios.

Los usuarios de estos servicios ilegales, aunque son conscientes de esta irregularidad, se ven afectados, ya que están utilizando un servicio que no ofrece las garantías de los que si están autorizados, y aparte del incumplimiento de tarifas, en caso de accidente, no estarían cubiertos por ningún seguro de responsabilidad civil.

Además, según fuentes policiales, se ha detectado que muchos de estos vehículos circulan sin el pertinente seguro obligatorio de automóviles o sin pasar la ITV, infracciones que también son sancionadas por los agentes.

El control de este tipo de servicio se realiza en las paradas de autobuses y en los lugares de afluencia masiva de los principales usuarios: centro de salud, supermercados, oficinas públicas, locales de ocio, etcétera.

Para el control de esta actividad ilegal, está siendo fundamental la ayuda que presta el colectivo afectado, taxistas y líneas regulares de autobuses, ya que saben los sitios exactos, horarios, y hasta los vehículos que realizan esta actividad fraudulenta de forma habitual, datos que hacen más fácil la labor de los agentes en la persecución de estas infracciones.

Las vigilancias se realizan normalmente por agentes de paisano y en vehículos camuflados, ya que resulta muy difícil coger a los infractores "in fraganti" en vehículos patrullas y por agentes uniformados, por las muchas cautelas que observan estos "transportistas ilegales".

La normativa prevé la posibilidad de inmovilizar el vehículo, siendo responsabilidad del transportista inmovilizado buscar y abonar los medios alternativos necesarios para el transporte de los usuarios, permaneciendo inmovilizado hasta que se abonen dichos gastos.