El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Totana ha anunciado que “volverán a apelar a la responsabilidad y al principio de legalidad para que sea el Pleno quien apruebe las tasas por determinados servicios, antes de recurrir dicha situación ilegal mediante un contencioso administrativo”.

Juan Fco. Otálora ha dicho que “los concesionarios de servicios de titularidad municipal, tales como la residencia de ancianos o la piscina cubierta, están cobrando de forma ilegal por los servicios que prestan, dado que las tarifas a aplicar son tasas que únicamente puede aprobar el Pleno y, hasta ahora, no lo ha hecho”.

El portavoz socialista ha manifestado que “están intentando agotar todos los medios a su alcance con el fin de conseguir que el alcalde se avenga a razones y se atenga a la legalidad; con este fin nos hemos entrevistado tanto con la interventora como con la secretaria municipal, para trasmitirles nuestra preocupación ante lo que consideremos una irregularidad flagrante que hay que corregir urgentemente”.

Otálora cree que “si el alcalde sigue negando que sea el Pleno quien tenga que debatir y aprobar las tasas por esos servicios, Andreo podría provocar un tremendo perjuicio a las empresas concesionarias, pues probablemente deberían devolver a los usuarios todos los recibos cobrados de forma ilegal”.

Ha afirmado además que “los socialistas no entendemos por qué ese empecinamiento del alcalde en hurtar al Pleno las escasas, pero inequívocas, competencias que le dejaron al comienzo de la legislatura; si es que tiene miedo a que todos los totaneros conozcamos qué se está cobrando por los servicios, o bien es que no se están aplicando los criterios que se aprobaron en su Plan Económico y Financiero”.

El líder socialista no entiende “cómo se puede incumplir la legalidad de forma tan evidente, cuando el ayuntamiento está pagando grandes cantidades de dinero por asesorías jurídicas que por lo visto no funcionan”.

Juan Fco. Otálora ha concluido “recomendando al alcalde y al concejal de hacienda humildad para admitir los errores y diligencia para corregirlos de forma inmediata con el fin de cumplir con la legalidad, para asegurar el mantenimiento de los servicios y para no causar perjuicios irreversibles a las empresas concesionarias”.