Frente Amplio ha denunciado la «nefasta gestión» del Gobierno regional de Fernando López Miras en materia de vivienda, tras conocerse que la Región de Murcia se arriesga a tener que devolver el 96 % de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destinados a levantar pisos de alquiler asequible.
Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la administración autonómica apenas adjudicó 5 de las 526 viviendas financiadas con 27,49 millones de euros antes del vencimiento del plazo el 30 de junio, dejando sin asignar 25,4 millones.
La portavoz de Frente Amplio, Penélope Luna, achacó esta situación a la falta de voluntad política del Ejecutivo murciano: «Desde 2019 los Gobiernos del Partido Popular no han construido ni una sola vivienda pública en esta Región. No es que falte dinero, es que el Partido Popular ni sabe gestionar ni le importa la vivienda pública lo más mínimo. Mientras tanto, el problema de la vivienda se hace cada vez más grande en nuestra Región».
Frente a la parálisis del PP, que no construye vivienda pública desde 2019, plantean topar los alquileres para rebajarlos un 35 %, frenar los pisos turísticos y ampliar el parque público
Regulación de precios y freno al turismo: Topar los alquileres de vivienda habitual tomando como referencia el 25 % de la renta neta media local y los límites del índice estatal (con una rebaja estimada del 35 %), además de restringir las viviendas turísticas.
Vivienda pública y antidesahucios: Implementar un plan para sumar 1,5 millones de viviendas al parque público en doce años mediante construcción, adquisición y expropiación a grandes tenedores, garantizando una alternativa habitacional en cada desahucio y cero desalojos sin solución.
Fiscalidad y rehabilitación: Aplicar recortes de deducciones a quienes cobren por encima del tope, gravar grandes fortunas y pisos turísticos, y acometer la rehabilitación energética de un parque edificado donde el 97 % no cumple con la normativa actual.
Estas medidas buscan beneficiar de manera directa a cerca de 8 millones de personas a nivel nacional, instando al Gobierno murciano a desbloquear los recursos asignados.