La formación exige una Consejería de Vivienda, un plan propio y un parque público tras constatar que la Región no está abordando la emergencia habitacional y critica un modelo que no ha producido ni una sola VPO en dos años.

Sumar Región de Murcia reclama al Gobierno de López Miras una política de vivienda pública, social y asequible para nuestra tierra. Los datos oficiales desmienten la validez del modelo de gestión del PP: ninguna vivienda protegida construida de entre las 3.138 viviendas iniciadas en 2024 ni de las 4.308 de 2025. Los murcianos quedamos expuestos a los precios que establecen los grandes promotores inmobiliarios en la Región.

Para Sumar, el bloqueo a los decretos de Vivienda en el Congreso no elimina el problema, sino que lo agrava y deja retratado al Gobierno regional. Mientras López Miras carga contra el Gobierno progresista diciendo que "en 24 horas no puede arreglar un problema que ha generado en ocho años" y que "no servirán para solucionar el problema de acceso a una vivienda", la Región acumula su propio fracaso: contamos con más de 100 000 viviendas vacías y ninguna de las 7 446 viviendas iniciadas en los últimos dos años son de protección oficial.

"López Miras rechaza los dos decretos que protegen a los inquilinos porque, según él, no sirven para nada, pero es incapaz de ejecutar los fondos que ya tiene. Dice que los jóvenes y las familias no pueden esperar para su decreto, pero devuelve 22 millones de euros a Madrid que podían ser tantas viviendas públicas como para hacer un barrio nuevo y mantiene a más de 2000 jóvenes esperando el Bono Alquiler Joven. Su modelo es culpar a Madrid mientras no construye ni una sola VPO", señala Juan Carlos Pastor, cocoordinador de Movimiento Sumar Región de Murcia.

"Los decretos que han defendido nuestros ministros y ministras eran López Miras brindando con cava en el primer imprescindibles para la mayoría social y para la clase trabajadora de cinco estrellas de Murcia --1.500 la noche-- este país. Lamentablemente los han tumbado -y no es la primera vez- mientras la derecha y la ultraderecha tumban la , pero el problema de la vivienda sigue aquí, en la Región de Murcia", protección frente a los desahucios y deja sin señala Pastor, quien reclama al Gobierno regional que deje de limitar techo a más de 100 000 murcianas, en una su política de vivienda a anuncios y medidas parciales: "Lo que le Región donde 1 de cada 3 jóvenes no puede pedimos al señor López Miras es que deje de colgarse medallas de lo emanciparse. La imagen que lo dice todo sobre que no hace y aplique de una vez la Ley de Vivienda en esta Región. de parte de quién están.

Aunque nos lo bloqueen una y otra vez, desde Sumar vamos a seguir Si la vergüenza tuviera nombre y apellidos, se dando la batalla, del lado de las maricármenes que no llegan a fin de llamaría López Miras.

mes, para que tener un techo no sea un privilegio". concluye.

Foto: Juan Carlos Caval / La Opinión de Murcia - Una emergencia habitacional que no desaparece con la votación del Congreso 08/09/2025.

El acceso a la vivienda, tanto en régimen de propiedad como de alquiler, así como la subida de los precios y la escasa promoción de vivienda pública son factores que están condicionando los proyectos vitales de millones de personas. En la Región, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) considera que los gastos de vivienda que alcanzan o superan el 40% de la renta disponible constituyen una elevada carga. En 2023, el 6% de la población murciana se encontraba por encima de ese umbral y, entre la población en situación de pobreza, el porcentaje había alcanzado el 21,8 % en 2022.

La situación resulta especialmente alarmante teniendo en cuenta que, según los datos aportados por el Consejo Económico y Social (CES), la Región de Murcia cuenta con más de 100.000 viviendas vacías y afrontará una demanda estimada de entre 10 000 y 15 000 viviendas anuales durante los próximos cinco años. La respuesta exige, por tanto, planificación, inversión pública y capacidad para generar un parque público de vivienda que no dependa exclusivamente de las reglas del mercado libre.

Una Consejería de Vivienda y un plan propio frente a una emergencia que afecta especialmente a la juventud

"¿Cómo va a apostar realmente por la vivienda el Gobierno de López Miras si ni siquiera cuenta con una Consejería específica que la convierta en una prioridad política?", señala Lorena Lorca, cocoordinadora de Sumar Región de Murcia, para quien resulta imprescindible que la vivienda tenga una estructura política y presupuestaria propia dentro del gobierno regional.

Lorca reclama además objetivos concretos y capacidad de actuación: "Necesitamos presupuesto, objetivos cuantificables y capacidad para construir y ampliar un parque público de vivienda. No podemos conformarnos con gestionar ayudas o facilitar avales para comprar vivienda mientras miles de jóvenes y familias no pueden acced er a un alquiler asequible".

La juventud está especialmente golpeada. "Una generación entera no puede emanciparse porque el precio de la vivienda absorbe una parte desproporcionadamente alta de sus ingresos. No podemos hablar de libertad para construir un proyecto de vida cuando una vivienda digna queda fuera de su alcance", señala Marcelo Urralburu, responsable de Vivienda y Juventud de Sumar RM, que recuerda que más de 2000 jóvenes siguen esperando el Bono Alquiler Joven.

Un Gobierno regional con competencias y recursos, pero incapaz de gestionar y ejecutar una política de vivienda eficaz

Sumar Región de Murcia denuncia que la política de vivienda del Gobierno de López Miras es un ejemplo de dejación absoluta de funciones. Mientras los murcianos sufren una emergencia habitacional, el Ejecutivo regional del PP es incapaz de ejecutar los fondos que le transfiere la Administración central.

"El Gobierno de España está poniendo recursos sobre la mesa. La pregunta es qué está haciendo el Gobierno de López Miras con ellos. No basta con recibir fondos estatales: hay que gestionarlos, ejecutarlos y convertirlos en viviendas, ayudas y soluciones habitacionales para intervenir allí donde el mercado está expulsando a las familias de sus barrios", sostiene Lorca.

Los datos son demoledores. La Comunidad tendrá que devolver 22 millones de euros del Plan de Vivienda por no haber ejecutado las actuaciones a las que se comprometió, a la par que más de 2.000 jóvenes siguen sin recibir el Bono Alquiler Joven. Desde Sumar estimamos que, con esos 22 millones de euros y tomando como referencia una vivienda estándar de 90 metros cuadrados, se hubiera podido levantar un barrio entero: casi 185 viviendas a coste de construcción real, cerca de 200 si tomamos el precio tasado oficial de VPO e, incluso, 129 si aplicamos el precio de la propia Ley de Vivienda Asequible del Gobierno murciano. En ayudas, más de 7.300 Bonos Alquiler Joven de un año, más del triple de los jóvenes que hoy esperan.

El problema de los murcianos es contar con un Gobierno Regional que devuelve fondos en vez de ejecutarlos, además de dilatar la concesión de las ayudas públicas. López Miras gestiona renunciando a hacer política para los murcianos, a aquellos a quienes debería defender.

Desde Movimiento Sumar pedimos que el Gobierno Regional facilite a los ayuntamientos la declaración zonas de mercado residencial tensionado allí donde se cumplan los requisitos establecidos por la Ley por el Derecho a la Vivienda, pudiéndose así aplicar las medidas previstas para contener las subidas de los alquileres y aumentar la oferta de vivienda asequible.

Cada Administración debe hacer su parte

El problema actual de la vivienda exige la actuación coordinada de las tres Administraciones. La Administración central debe regular, proteger derechos y aportar f inanciación para hacer posible una política de vivienda ambiciosa. Movimiento Sumar ha def endido la prórroga de las medidas de contención de las subidas de los alquileres, ha planteado medidas para limitar la adq uisición de vivienda por parte de f ondos de inversión y de los grandes tenedores, además de estar impulsando la creación de una empresa pública estatal de vivienda que permita movilizar inmuebles bajo control de las administraciones estatales y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).

La Comunidad Autónoma, que tiene las competencias estructurales en materia de vivienda, debe asumir la responsabilidad de planificar, financiar y construir vivienda pública y protegida, movilizar vivienda vacía, facilitar la aplicación de la Ley de Vivienda, ejecutar adecuadamente los fondos estatales y ampliar de manera sostenida el parque público y los ayuntamientos, por su parte, deben desarrollar políticas de vivienda social próximas a las necesidades de cada municipio, aportando suelo, patrimonio y recursos propios