La Comunidad reclama seguridad jurídica para los proyectos ya iniciados, neutralidad tecnológica y que la nueva regulación se coordine con la planificación de la red eléctrica

La Comunidad ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos, al considerar que algunas de las condiciones planteadas pueden perjudicar especialmente a la Región de Murcia, dificultar la llegada de nuevas inversiones tecnológicas y alterar las previsiones sobre las que se ha diseñado la planificación de la red eléctrica.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, advirtió que "no tendría sentido impulsar desde las administraciones la digitalización, la inteligencia artificial y la atracción de inversión tecnológica y, al mismo tiempo, aprobar requisitos que hagan extraordinariamente difícil que esos proyectos puedan instalarse en territorios con un enorme potencial como la Región de Murcia".

Las alegaciones inciden especialmente en la acumulación de requisitos energéticos contemplados en el proyecto. Entre ellos figura que la cuota media de electricidad renovable del sistema eléctrico nacional sea superior al 90 por ciento, frente al 55,5 por ciento registrado en 2025, y que el 80 por ciento del consumo eléctrico de cada centro proceda de nuevas instalaciones renovables que hayan entrado en funcionamiento en un intervalo máximo de 18 meses respecto al inicio de actividad.

A estas exigencias se suma la correlación horaria entre producción renovable y consumo, lo que puede requerir importantes volúmenes adicionales de generación, almacenamiento e infraestructuras energéticas.

"Queremos una regulación exigente en materia de sostenibilidad, pero también realista y viable. Si las condiciones son técnicamente inalcanzables o mucho más restrictivas que en otros países europeos el resultado puede ser que las inversiones se desplacen fuera de España", señaló Juan María Vázquez.

No perjudicar a comunidades con temperaturas elevadas

Otro aspecto central de las alegaciones es el impacto que pueden tener los requisitos de eficiencia energética e hídrica aplicados a la refrigeración de estas instalaciones. La temperatura exterior condiciona directamente la energía necesaria para mantener refrigerados los centros de datos, por lo que aplicar idénticos parámetros a todos los territorios puede perjudicar a comunidades con temperaturas más elevadas.

"Una instalación eficiente no puede ser considerada menos sostenible simplemente por estar situada en la Región de Murcia y no en una región más fría de España o de Europa. La regulación debe corregir el efecto de las condiciones climáticas para evitar una discriminación territorial en la localización de las inversiones", afirmó el consejero.

La Comunidad defiende, asimismo, la neutralidad tecnológica, de modo que cada proyecto pueda elegir las soluciones de refrigeración más adecuadas a las características del territorio, equilibrando consumo energético y utilización de recursos hídricos.

Seguridad jurídica y planificación eléctrica

El Gobierno regional reclama también que se protejan los proyectos que ya se encuentran en tramitación o sobre los que existen inversiones comprometidas conforme a la normativa vigente. "Las inversiones intensivas en capital necesitan seguridad jurídica. Quien adopta una decisión conforme a unas reglas determinadas debe poder desarrollar su proyecto dentro de un marco razonablemente estable y previsible", subrayó Vázquez.

La Comunidad advierte además de que la nueva regulación puede afectar a la planificación de la red eléctrica. Las prioridades de nuevas infraestructuras y refuerzos planteadas por las comunidades autónomas tienen en cuenta las previsiones de implantación de grandes consumidores eléctricos. Si posteriormente una nueva normativa dificulta la materialización de esos proyectos, se alteran las hipótesis de demanda utilizadas para elaborar dicha planificación.

Por ello, el Ejecutivo regional reclama que una modificación de esta magnitud sea analizada conjuntamente con la planificación eléctrica y con participación efectiva de las comunidades autónomas.

"La Región cuenta con recursos renovables, capacidad industrial, conocimiento y talento para competir por estas inversiones. La regulación debe garantizar la sostenibilidad, pero no puede convertir nuestras características territoriales en una desventaja ni frenar oportunidades estratégicas para nuestro desarrollo económico", concluyó el consejero.