El Gobierno regional ultima el reglamento que concretará el marco común para la creación y funcionamiento de estas entidades en otros polígonos industriales

La Región de Murcia cuenta ya con su primera Comunidad de Gestión de Áreas Industriales, tras la aprobación definitiva de los estatutos y del convenio regulador del polígono HERCAS, en Molina de Segura. La nueva entidad, promovida por propietarios del parque empresarial y aprobada por el ayuntamiento de la localidad, permitirá ordenar su participación en la conservación, modernización, prestación de servicios complementarios y promoción del área industrial.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó que "la constitución de esta primera comunidad abre una vía de colaboración estable entre empresas y administraciones para cuidar y mejorar unos espacios que son esenciales para la actividad económica", e indicó que su principal objetivo es "proporcionar un marco claro y seguro que facilite nuevas iniciativas, respetando siempre la autonomía municipal y el protagonismo de los propietarios".

La comunidad de gestión integra a los propietarios de las parcelas incluidas en una actuación industrial de 28 hectáreas ubicada al norte del municipio, dentro del eje industrial formado por Molina de Segura y Lorquí, y que dispone de conexión con la autovía MU-32, la A-30 y el corredor mediterráneo a través de la A-33.

Los estatutos regulan la composición de la entidad, sus órganos de gobierno, las cuotas de participación y los derechos y obligaciones de sus miembros. El convenio con el ayuntamiento delimita las funciones de ambas partes en materia de conservación, mantenimiento, financiación e incorporación de servicios adicionales, además de establecer una comisión para el seguimiento de los compromisos asumidos.

Este modelo permite constituir comunidades de gestión para mejorar los servicios, la competitividad y la capacidad de atracción de inversiones de los polígonos industriales. El Gobierno regional ultima actualmente su desarrollo reglamentario, una vez concluido el trámite de información pública y audiencia, con el propósito de concretar los procedimientos y ofrecer criterios comunes a propietarios y ayuntamientos interesados en impulsar futuras comunidades.