García Montoro critica que el Gobierno central "utiliza el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España como justificación para modificar, a través del reglamento, materias cuya regulación está reservada a la Ley de Costas"
El Gobierno regional rechaza la modificación del proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas al considerar que, con su propuesta, el Ministerio para la Transición Ecológica "incrementa la inseguridad jurídica, condiciona las competencias autonómicas y desoye las alegaciones formuladas por la Región de Murcia y otras comunidades autónomas".
Así lo trasladó el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada por vía telemática, donde criticó que el Gobierno central "utiliza el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España como justificación para modificar, a través del reglamento, materias cuya regulación está reservada a la Ley de Costas".
"El Ministerio no permite la votación del texto en la conferencia y no atiende las alegaciones presentadas por la Región de Murcia", insistió el consejero, a la vez que defendió que "una reforma de este alcance necesita diálogo y consenso, y esas condiciones no se dan en la actualidad".
Durante la reunión, el Gobierno regional respaldó la solicitud conjunta de varias comunidades autónomas para suspender la tramitación del reglamento y convocar una conferencia sectorial monográfica que permita analizar en profundidad su contenido y sus efectos sobre las competencias autonómicas.
Asimismo, el consejero advirtió de que el proyecto presenta contradicciones con diversos preceptos de la propia Ley de Costas, por lo que consideró necesario replantear la reforma y abordar previamente una modificación de la norma legal.
El Gobierno regional ha presentado alegaciones al texto al considerar que condiciona de forma muy importante la tramitación de expedientes autonómicos y no clarifica el régimen jurídico aplicable. Entre ellas, muestra su rechazo a la nueva regulación sobre la compatibilidad con las estrategias marinas, ya que incorpora nuevos criterios que generan incertidumbre y dificultan la tramitación administrativa.
García Montoro censuró que el proyecto otorgue carácter vinculante a informes estatales que actualmente no son preceptivos, imponga la revocación de concesiones cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas y mezcle el régimen jurídico de las concesiones compensatorias, lo que, según explicó, "incrementa la inseguridad jurídica y altera el marco competencial previsto en la legislación vigente".
El consejero advirtió, además, de que el reglamento "favorecerá nuevos procesos de deslinde que pueden afectar a viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en el litoral, además de dificultar la gestión administrativa y la tramitación de expedientes relacionados con la costa".
Por todo ello, el Gobierno regional reiteró su oposición a la tramitación del proyecto en los términos actuales y reclamó al Gobierno central que retire el texto, abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y promueva, en su caso, una modificación de la Ley de Costas que elimine las contradicciones detectadas antes de aprobar un nuevo desarrollo reglamentario.