La Federación de Enseñanza de CCOO RM hace un llamamiento a los responsables políticos de todas las administraciones para acometer un ejercicio de responsabilidad en cuanto a la dotación a los centros educativos de recursos profesionales suficientes que pueden atender de manera digna las diversa necesidades del alumnado.

Las distintas iniciativas legislativas en marcha requieren voluntad de servicio público para ver la luz y para hacerse realidad en nuestras aulas. En concreto, existe una iniciativa clara en pos de un descenso en las ratios educativas. Se trata de una reclamación "extendida y unánime en todos los centros educativos que visitamos a diario", en palabras de Nacho Tornel, responsable de la Federación.

La negociación en torno al Proyecto de Ley de Ratios y Jornada acaba de superar sendas enmiendas a la totalidad en el Congreso por parte de Junts per Catalunya y PNV. "Es el momento de poner la mejor voluntad entre gobierno central y autonómicos para que la reducción de ratios permita mejorar las condiciones de trabajo, tanto entre el alumnado ordinario como, y especialmente, entre el alumnado con cualquier tipo de dificultad", según Nuria Sánchez, responsable de Acción sindical de CCOO Enseñanza. A este respecto, tal y como recuerda CCOO, recuperar el cómputo doble de este alumnado, con especial incidencia en las sesiones dedicadas a Pedagogía terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación, supondría, de facto, reducir las ratios por grupo de una manera efectiva.

Especial incidencia debe producirse a partir de la modificación del Real Decreto de Requisitos Mínimos, que prevé ratios para el primer ciclo de Educación infantil de 4 menores por docente (aulas de 0-1 años), 6 (1-2) y 8 (2-3). Este avance en la dignificación de la atención a los menores requiere un proceso de aplicación consensuado entre administraciones para hacerse efectivo y útil para las familias.

En definitiva, como afirma Tornel, "el verdadero debate sobre el estado de la Educación en nuestra región requiere el compromiso político por llegar a acuerdos entre administraciones para alcanzar medidas reales, efectivas y acordes a las demandas de los y las profesionales, centros educativos y familias"-