Región

Izquierda Unida denuncia el abandono de la climatización de los centros educativos y exige una ley regional para adaptar las escuelas al cambio climático

Penélope Luna: "El Gobierno de López Miras deja sin ejecutar más de 15 millones en climatización mientras anuncia inversiones sin respaldo de gestión"

Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha denunciado este martes, desde Abarán, la falta de planificación y la deficiente gestión del Gobierno regional en materia de climatización de los centros educativos públicos, un problema estructural que se repite cada año con la llegada de las altas temperaturas.

La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha advertido de que "la escasa preocupación del Gobierno regional por la situación de las infraestructuras educativas, unida a la nefasta gestión que le caracteriza, hace que se repita una y otra vez el mismo escenario: aulas con temperaturas extremas, dificultades para el desarrollo normal de la actividad docente e incumplimientos del RITE y de la normativa de prevención de riesgos laborales".

Luna ha subrayado también el carácter estructural del problema y la falta de reacción del Ejecutivo autonómico, "ante esta situación que se repite año tras año, otros gobiernos autonómicos han actuado con mayor o menor ambición, pero han actuado. En el sur peninsular, todos menos el Gobierno de la Región de Murcia".

En esa línea, ha comparado la situación regional con la de otras comunidades: "Extremadura y Andalucía han aprobado leyes específicas para planificar la adaptación climática de los centros educativos con objetivos, plazos y financiación. Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana han desarrollado programas y normativas en la misma dirección. En Murcia, en cambio, no hay una planificación equivalente".

La dirigente de IU-Verdes ha puesto el foco en los datos de ejecución presupuestaria, que considera especialmente reveladores: "en estos tres años de legislatura, el Gobierno regional ha dispuesto de unos 16 millones de euros para climatización de centros educativos y apenas ha ejecutado 877.494 euros, lo que supone un 5,47%. Y además, el 96% de esa inversión depende de fondos europeos FEDER".

También ha recordado el alcance real de las actuaciones previstas: "de las 23 intervenciones programadas, solo se han llevado a cabo 6".

Sobre los anuncios del presidente regional Fernando López Miras, Penélope Luna ha sido especialmente crítica: "no se puede hablar de un compromiso serio cuando ahora se anuncian 11 millones para 2026 mientras se han dejado sin ejecutar más de 15 millones en los últimos tres años. Es un problema de voluntad política y de gestión, no de recursos".

En relación con la situación actual del presupuesto, ha señalado que "los datos disponibles hasta marzo muestran que la ejecución en climatización sigue siendo prácticamente inexistente en 2026".

La coordinadora regional también ha cuestionado la estrategia del Partido Popular en la Asamblea Regional, afirmando que "no estamos ante un problema del RITE ni de certificaciones, sino ante una excusa política. Hoy existen soluciones técnicas suficientes para garantizar condiciones adecuadas en centros antiguos, lo que falta es inversión y planificación".

Por todo ello, Izquierda Unida-Verdes reclama una ley autonómica de adaptación climática de los centros educativos, similar a las ya existentes en otras comunidades, que establezca objetivos claros, plazos obligatorios, prioridades de actuación y financiación estable.

Asimismo, la formación de izquierdas propone la puesta en marcha de auditorías energéticas en todos los centros educativos públicos, que permitan identificar necesidades reales y diseñar intervenciones ajustadas a cada centro.

Finalmente, la organización plantea programas de cooperación con los ayuntamientos para la mejora de patios y espacios exteriores, mediante actuaciones de naturalización, sombreado y adaptación climática.

IU-Verdes sostiene que "garantizar condiciones adecuadas de estudio y trabajo en los centros educativos es una obligación básica de cualquier administración pública, que el Gobierno regional sigue sin asumir de forma efectiva".

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