El diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha cargado duramente contra el Gobierno regional del PP durante el Pleno de Control de la Asamblea Regional por el bloqueo sistemático de las medidas de control del juego y por el deterioro continuado de la educación pública en la Región de Murcia.
Durante su pregunta formulada al Consejo de Gobierno sobre la no aprobación del Proyecto de Decreto que regula el Reglamento del Bingo, Álvarez-Castellanos denunció que el Ejecutivo de López Miras lleva años retrasando deliberadamente normas fundamentales para proteger a la ciudadanía frente a la ludopatía y limitar la expansión de las casas de apuestas.
"El problema no es lo que dice el decreto del bingo, sino todo lo que deja fuera", señaló el parlamentario de izquierdas recordando que tanto el Consejo Jurídico, como el Consejo Económico y Social y los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han advertido reiteradamente de la ausencia de medidas efectivas sobre juego responsable y control de acceso de menores y personas autoprohibidas.
El diputado acusó al Gobierno regional de actuar "al servicio total y absoluto de la patronal del juego", manteniendo bloqueados desde hace años distintos proyectos normativos destinados a establecer distancias de seguridad respecto a centros educativos, limitar la publicidad de las casas de apuestas y reforzar los controles de acceso a salones de juego.
"Mientras otros territorios avanzan en protección social, el PP en Murcia sigue permitiendo que entren personas autoprohibidas en salas de apuestas y mantiene paralizadas medidas esenciales para frenar la ludopatía entre jóvenes y familias trabajadoras", afirmó.
Álvarez-Castellanos criticó además que el Ejecutivo regional utilice permanentemente la excusa de la "tramitación administrativa" mientras acumula decretos pendientes desde 2020 y continúa incumpliendo sus propios planes normativos.
Además, el diputado de IU denunció también el abandono que sufren numerosos centros educativos públicos de la Región de Murcia, con infraestructuras deterioradas, falta de inversiones y ausencia de planificación por parte de la Consejería de Educación.
Para el parlamentario, ambas situaciones responden a un mismo modelo político: "un Gobierno que prioriza los intereses económicos privados frente a los derechos sociales y la protección de la mayoría trabajadora".
Por último, ha exigido la aprobación inmediata de una regulación estricta del juego que incluya controles reales de acceso, limitación de publicidad externa en los salones de juego y protección efectiva de menores y colectivos vulnerables, estableciendo distancias obligatorias mínimas a centros educativos y otros centros sensibles.