El Gobierno regional defendió hoy modelo de vivienda asequible como herramienta eficaz para aumentar la oferta residencial y facilitar el acceso a un hogar a jóvenes y familias de rentas medias, frente a las políticas intervencionistas del Plan Estatal de Vivienda.

Así lo explicó hoy el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, durante la Jornada de Vivienda Asequible y Plan Nacional de Vivienda organizada por la Asociación de Promotores de la Región de Murcia (APIRM).

"La propuesta de normativa regional innovadora está orientada a movilizar suelo, agilizar trámites, incentivar la promoción residencial y dar seguridad jurídica para posibilitar ampliar el parque de viviendas y en la cara opuesta, el Gobierno central insiste en extender los efectos perniciosos de la ley estatal de vivienda en aplicar medidas que se ha demostrado que no funcionan", expuso el consejero.

Indicó que el nuevo Plan Estatal de Vivienda representa "una oportunidad perdida", al considerar que ha sido diseñado desde planteamientos ideológicos y que "no ha contentado a nadie ni al sector ni a los ciudadanos que buscan acceder a una vivienda".

García Montoro criticó además que el nuevo reparto de financiación de este plan estatal supone un importante esfuerzo adicional para las comunidades autónomas. "Se ha pasado de un modelo de financiación 80-20 al actual 60-40, de forma unilateral y sin consenso con las comunidades autónomas", explicó.

Esto supone, indicó "que en el caso de la Región de Murcia de los 308 millones que han anunciado el Ministerio, 123 millones de euros salen directamente del bolsillo de los murcianos y los otros 185 millones los aportará el Gobierno central, también financiado gracias a los impuestos de los ciudadanos de la Región".

Para el titular de Fomento esta modificación responde a la falta de Presupuestos Generales del Estado desde 2022, lo que, a su juicio, obliga a las comunidades autónomas a asumir una mayor carga para financiar las políticas del Gobierno central.

Asimismo, advirtió de que el nuevo plan estatal se plantea como un instrumento para extender los efectos de la Ley de Vivienda, una norma que, según afirmó, ha generado inseguridad jurídica, ha desincentivado la salida de viviendas al mercado y ha agravado el desequilibrio entre oferta y demanda. "Perseguir al propietario nunca ha sido la solución. La única vía eficaz para facilitar el acceso a la vivienda es aumentar la oferta", remarcó.