El presidente del Gobierno, "Pedro Sánchez, no solo bloquea la reforma de la financiación municipal, sino que asfixia a los ayuntamientos cargándonos con más obligaciones económicas", ha resumido esta mañana la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que ha participado este martes en Barcelona en una cumbre de alcaldes sobre financiación local. La jornada se centró en la suficiencia financiera, la autonomía tributaria y los agravios que, a juicio de los asistentes, sufren los ayuntamientos.

La alcaldesa subraya que existe un consenso entre los alcaldes de todos los partidos sobre la urgencia de la reforma de la financiación local. El Gobierno ha impuesto a las administraciones nuevas obligaciones sin compensación alguna, "nos obliga a cubrir con nuestros agentes la seguridad que descuidan, nos deben millones por el transporte desde el COVID y nos imponen revisiones de contratos sin mejoras en la financiación", afirma Arroyo.

La alcaldesa recuerda que, mientras tanto, el ministerio de Hacienda "tiene récord de ingresos por impuestos, pero que se niega ni a compartirlos ni a moderarlos incluso ahora en plena crisis".

Arroyo situó una de las principales quejas en las entregas a cuenta que el Estado sigue sin actualizar y ese desfase golpea de lleno a los servicios que prestan los municipios. Seguridad, limpieza, mantenimiento urbano, atención social, apoyo al comercio local y promoción del empleo dependen en buena medida de esos fondos. Por eso insistió en que "las entregas a cuenta no son un regalo del Gobierno" y en que los vecinos "pagan dos veces" cuando el Estado recauda los impuestos y luego no transfiere a los ayuntamientos la parte comprometida para sostener esos servicios.

La alcaldesa y presidenta del PP en Cartagena recordó que esta injusticia ha sido denunciada por la Federación Española de Municipios y Provincias y por la federación de la Región, que han exigidos la remisión inmediata de las entregas a cuenta pendientes, una revisión integral del sistema de financiación local y la aprobación urgente de un real decreto ley que actualice esos fondos. El argumento de fondo es que "la financiación municipal no puede seguir dependiendo de decisiones estatales que aumentan gastos y retienen ingresos en la administración más próxima al ciudadano".