José Luis Álvarez-Castellanos advierte que el trasvase no puede cerrarse por el abastecimiento, pero denuncia que los intereses de fondos de inversión y grandes empresas condicionan la gestión del regadío y ponen en riesgo el medio ambiente de la Región de Murcia.
Cartagena, viernes 20 de febrero de 2026.- El diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, intervino esta mañana en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura en la Asamblea Regional, tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica y la comparecencia de la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
Durante su intervención, Álvarez-Castellanos dejó claro que el trasvase no puede cerrarse debido a su función esencial en el abastecimiento de agua potable, del cual depende entre un 35 y un 40% de la población de Murcia. Sin embargo, subrayó que el debate público debe centrarse exclusivamente en el regadío, donde la presión de grandes empresas y fondos de inversión ha convertido un recurso público en un negocio de exportación hortofrutícola de 3.800 millones de euros, dejando a un lado a los agricultores tradicionales y generando graves consecuencias medioambientales.
El diputado regional recordó que en los últimos 40 años, las precipitaciones en la cabecera del Tajo han disminuido un 52%, un dato que el Partido Popular y Vox ocultan sistemáticamente. Álvarez-Castellanos denunció que la agroindustria intensiva ha provocado la degradación del Mar Menor y la contaminación de los acuíferos, lo que ha llevado a sanciones de la Unión Europea por la falta de protección de los ecosistemas.
"No podemos hablar del futuro del trasvase como si hubiera agua ilimitada. Es necesario poner todos los datos sobre la mesa y replantear el tamaño de la agroindustria intensiva, potenciando al mismo tiempo el sector agrícola tradicional de nuestra región", afirmó el parlamentario de IU-Verdes.
Por último, durante la rueda de prensa posterior, Álvarez-Castellanos ha denunciado que "el agua es un bien público que no puede seguir siendo saqueado por intereses privados", y recuerda que la gestión responsable y sostenible del trasvase es clave para garantizar el abastecimiento de la población y proteger nuestros ecosistemas frente a los abusos de la agroindustria intensiva.