El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la solicitud de dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, en una victoria clave para VOX y el grupo Patriotas por Europa, que registraron hace meses una iniciativa en este sentido.
La votación para solicitar el dictamen ha salido adelante por 10 votos. Ahora el TJUE deberá pronunciarse sobre la adecuación de este acuerdo con los Tratados de la Unión, lo que abre la puerta a la paralización del acuerdo y su posible suspensión provisional o incluso permanente.
Es la primera vez que una mayoría del Parlamento accede a consultar al TJUE sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con los Tratados, en virtud del artículo 218.11 del TFUE. Esto obliga ahora a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, a remitir formalmente la consulta al Tribunal de Luxemburgo.
Desde VOX han calificado este resultado como «una victoria histórica» frente a los intentos de la Comisión Europea de imponer el acuerdo por la vía rápida y sin el debido control democrático. El jefe de delegación, Jorge Buxadé, ha declarado que es «una gran victoria para el campo español».
Un acuerdo dividido para eludir a los Estados
La Comisión Europea había dividido el acuerdo en dos: el ITA, de carácter comercial, y el Acuerdo de Asociación (EMPA), centrado en cuestiones políticas y de cooperación. Esta maniobra buscaba aplicar la parte comercial sin necesidad de ratificación por parte de los Parlamentos nacionales, presentándola como competencia exclusiva de la Unión. Sin embargo, los eurodiputados de VOX y sus aliados en Patriotas han denunciado esta fragmentación como una vulneración de los principios de legalidad y soberanía consagrados en los Tratados.
La consulta al TJUE representa un golpe institucional para la Comisión y un freno al calendario previsto para la ratificación del acuerdo. El Parlamento Europeo no podrá votar sobre la aprobación del tratado hasta que el Tribunal se pronuncie sobre su legalidad. Además, el TJUE podría suspender cautelarmente la aplicación provisional del acuerdo por parte de la Comisión.
Interés nacional vs imposición burocrática
Desde VOX insisten en que este proceso no sólo es una cuestión jurídica, sino una batalla por la soberanía europea frente a los intereses del globalismo comercial. «Este acuerdo no puede aplicarse por la puerta de atrás. Hoy hemos ganado tiempo y también credibilidad como defensores del interés nacional frente a la imposición burocrática de Bruselas», ha afirmado Buxadé.
El resultado refuerza la posición del grupo Patriotas por Europa en la Eurocámara y marca un punto de inflexión en la resistencia al acuerdo UE-Mercosur.