El Gobierno regional denunció hoy la falta de transparencia y de diálogo del Ministerio de Vivienda en la redacción del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, durante la Comisión Multilateral de Vivienda celebrada por vía telemática.
La directora general de Vivienda, María Dolores Gil, explicó que "el Ministerio no ha facilitado todavía un texto definitivo del borrador del Plan, escudándose en que siguen analizando las alegaciones aportadas por las comunidades autónomas, aunque han reconocido que el documento ya se ha remitido a la Abogacía del Estado para su informe". Al respecto, denunció que "el texto está prácticamente cerrado y no nos lo han proporcionado".
Gil subrayó que "desde el Gobierno regional exigimos consenso con las comunidades autónomas en la redacción de un nuevo Plan Estatal de Vivienda, somos las competentes en materia de vivienda y las que mejor conocemos la realidad y las necesidades de nuestro territorio".
Asimismo, la directora de Vivienda lamentó que "de las más de mil aportaciones presentadas por las comunidades autónomas y otros agentes del sector, solo se hayan tenido en cuenta trece", y señaló que "ni siquiera en estas se reflejan adecuadamente las peticiones formuladas por el Gobierno regional".
En este sentido, explicó que "la Región de Murcia seguirá insistiendo en aportar nuevamente todas aquellas alegaciones que consideramos que pueden enriquecer el texto y reclamando las líneas de ayuda que respondan realmente a las necesidades de nuestros ciudadanos".
"No podemos permitir que el Ministerio siga imponiendo un plan de manera unilateral. Actuar así no solo vulnera el principio de colaboración entre administraciones, sino que compromete la eficacia de las medidas y deja a los ciudadanos en una situación de incertidumbre absoluta", insistió María Dolores Gil.
La directora aconsejó al Ministerio "que tome ejemplo del proceso de diálogo emprendido por el Ejecutivo regional para diseñar el modelo de Vivienda Asequible". Al respecto, lamentó, que la norma regional "haya sido bloqueada en la Asamblea Regional", cuando "era una medida de aplicación urgente para beneficio de jóvenes y familias, en la que han participado en su diseño más de una veintena de asociaciones".