UGT ha anunciado que el recurso de inconstitucionalidad por la modificación de la ley autonómica 5/2017 de participación institucional ha sido admitido a trámite. De este modo, el sindicato ha celebrado que el alto tribunal haya aceptado investigar la posible ilegalidad del acuerdo de PP y Vox en la Asamblea Regional por el que se modificó la ley regional para que las subvenciones previstas en dicha norma pasen a ser de concurrencia competitiva en vez de una concesión directa. "Esta admisión es un primer paso que nos da esperanza. Confiamos en que se pare este atropello y esta estafa que nace de la ultraderecha y que ha arrastrado al PP. No puede ser legal que hagamos nosotros el trabajo y se lo paguen a otro porque no le riamos las gracias a Vox", ha destacado la secretaria general de UGT, Paqui Sánchez. Este recurso fue presentado por los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar, con el apoyo de UGT.

"El trabajo que realizamos en más de cien mesas de participación institucional es un trabajo público, obligatorio, positivo para la sociedad y para la economía, dentro del marco constitucional y del que se beneficia toda la población y, por tanto, no solo nuestra afiliación. Por eso los recursos que destinamos a trabajar estos informes, estrategias y pactos regionales tienen que compensarse con fondos de la Administración regional. Y lo más importante: ningún otro sindicato distinto a UGT y CCOO puede realizar este trabajo de representación de la sociedad porque no tienen delegados y delegadas suficientes como para ser considerados ni agentes sociales ni mayoritarios en la Región de Murcia. Por tanto, derivar las subvenciones que compensan nuestra labor institucional a otras organizaciones que ni trabajan ni van a trabajar a nivel autonómico en dichos espacios es más que una estafa a UGT, es una vulneración del mandato constitucional que establece el diálogo social y la participación institucional como un valor a proteger y que toda Administración debe practicar". Con esta contundencia Paqui Sánchez, secretaria general de UGT en la Región, ha denunciado que PP y Vox pongan en peligro el diálogo social y, sobre todo, que pretendan que los dos sindicatos mayoritarios y la CROEM hagan el trabajo institucional, pero que el dinero asignado a esa partida se le pague a otras asociaciones o sindicatos que no hacen esas tareas.

Entre las mesas en la que participa UGT se encuentran las destinadas a elaborar las estrategias regionales por el empleo de calidad, contra la brecha salarial, de reducción de la economía sumergida, el plan industrial, el fomento del autoempleo, así como decenas de órganos consultivos como el Consejo de los servicios sociales, de las personas con discapacidad, el consejo rector del SEF, INSS o del Instituto de la Seguridad y Salud laboral. No obstante, las ayudas públicas que recibe UGT no alcanzan el 10% del presupuesto total del sindicato y son solo del 0,014% del presupuesto de la Comunidad autónoma.