Los diputados de VOX por Murcia, Lourdes Méndez y Joaquín Robles, junto con otros parlamentarios de su Grupo Parlamentario, José María Figaredo, Patricia Rueda y Ricardo Chamorro, han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse que 400 viviendas de Los Nietos, El Portús, Cabo de Palos, Puntas de Calnegre y el Puerto de Mazarrón se han visto afectadas por el nuevo deslinde del dominio público marítimo-terrestre y podrían ser demolidas próximamente.
La diputada de VOX por Murcia, Lourdes Méndez, ha explicado que “a estas 400 viviendas de la Región de Murcia se suman más de 86.000 repartidas por todo el litoral español, además de otras 9.744 edificaciones dedicadas a otros usos, como comercio, oficinas o servicios públicos, que también se encuentran en zonas en las que, según lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el Estado podría demolerlas”.
Asimismo, Méndez ha subrayado que “muchas de estas edificaciones se construyeron antes de la Ley de Costas de 1988 o se han visto afectadas posteriormente por cambios en la línea de deslinde que limita el dominio público marítimo-terrestre”.
“En cualquiera de los dos casos, corren el riesgo de ser reducidas a escombros próximamente, con un enorme impacto económico y social para miles de familias y propietarios de edificios destinados a otros usos”, ha añadido.
Por ello, la parlamentaria ha explicado que “hemos planteado varias preguntas para las que solicitamos respuesta escrita del Ejecutivo central, entre ellas si tiene el Gobierno la intención de impulsar alguna medida que permita evitar la demolición de las más de 86.000 viviendas y de las 9.744 edificaciones afectadas por la Ley de Costas, si ha calculado cuál podría ser el impacto económico que la demolición de todos esos edificios podría tener para sus propietarios y cuál es el número total de propietarios afectados y cuántas de estas propiedades constituyen la vivienda habitual de los afectados”.
Méndez ha concluido afirmando que “VOX exigirá al Gobierno de Sánchez que dé respuesta a estas preguntas y adopte medidas para proteger a las familias y propietarios afectados, evitando que una aplicación estricta y automática de la Ley de Costas provoque una ruina económica y social que podría haberse evitado”.