La presión ciudadana consigue aplazar un mes el lanzamiento mientras la PAH, el Sindicato de Vivienda e Izquierda Unida-Verdes exigen alternativas habitacionales dignas y el fin de las políticas especulativas del Partido Popular.

Alcantarilla, jueves 30 de octubre de 2025. La movilización social ha logrado paralizar temporalmente el desahucio de Santi, una vecina de 61 años y pensionista con solo 480 euros mensuales, amenazada por un fondo buitre que pretende quedarse con su vivienda para especular con ella.

Tras la concentración celebrada esta mañana en las puertas de su casa, en la Travesía Miguel Ballesta n.° 3, la comitiva judicial ha accedido a suspender el lanzamiento durante un mes, fijando una nueva fecha para el 2 de diciembre.

A las puertas de la vivienda se han vivido momentos de emoción, tensión y tristeza ante la incertidumbre, mientras colectivos y vecinas acompañaban a Santi y reclamaban el derecho a una vivienda digna. Han estado presentes la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Vivienda, el colectivo Iaioflautas, la Coordinadora de Barrios de Alcantarilla y miembros de la asamblea local de Izquierda Unida-Verdes, a quién se ha sumado su coordinadora regional, Penélope Luna.

El cura antidesahucios Joaquín Sánchez ha valorado ante los medios la falta de alternativas habitacionales ofrecidas por el Ayuntamiento y ha denunciado la pasividad institucional frente a la emergencia habitacional que viven muchas familias trabajadoras.

Por su parte, Penélope Luna, coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, ha celebrado el aplazamiento como "un respiro y un alivio para Santi y para todas las personas que hoy la han acompañado", pero ha advertido que "no es una solución, solo se ha ganado tiempo".

Luna ha insistido en que "no podemos permitir que una mujer mayor, con una pensión mínima, sea expulsada de su casa para que un fondo de inversión siga engordando beneficios", y ha denunciado que esta situación es "una consecuencia directa de las políticas regionales del Partido Popular de López Miras, que condenan a las familias a la calle y niegan soluciones reales de vivienda".

La máxima dirigente de IU-Verdes ha exigido al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Alcantarilla que actúen de inmediato para garantizar una alternativa habitacional digna, recordando que el artículo 47 de la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho a la vivienda y a impedir la especulación.

"Mientras las administraciones miran hacia otro lado, la única herramienta que protege a las personas sigue siendo la movilización. Hoy hemos demostrado que la solidaridad y la organización popular pueden frenar las injusticias, pero necesitamos políticas públicas que estén a la altura", ha concluido Luna.