Los diputados María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos acompañan a los vecinos de Cartagena concentrados a las puertas de la Asamblea para protestar contra la norma que "favorecerá los pelotazos inmobiliarios y la implantación de hasta 40 plantas de biogás" como proyectos estratégicos

Los diputados de Podemos-IU-AV, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos, han valorado la aprobación de la nueva ley de simplificación a las puertas de la Asamblea, donde decenas de vecinos y vecinas se concentraban para protestar contra las plantas de biogás. Unas plantas de biogás que, según Marín, "sin duda formarán parte de esos proyectos estratégicos que se han aprobado hoy con la nueva ley de simplificación administrativa". La portavoz apuntaba que la norma, que "favorecerá los pelotazos inmobiliarios y la implantación de hasta 40 plantas de biogás", "deja claro para quién trabaja el Gobierno regional: para la patronal, que parece haber dictado esta ley".

A su juicio, esto queda patente en el artículo 44 de la norma, que regula la creación de una comisión bilateral entre el Gobierno regional y la Croem, dejando de lado, como Podemos lleva semanas denunciando, a los ayuntamientos. "En una llamadita, el señor López Miras y el señor López Abad van a decidir qué proyectos son los estratégicos en la Región sin tener en cuenta a los ayuntamientos, a las asociaciones ni a los vecinos y vecinas". Por otro lado, Marín consideraba "lamentable" que la ley no solo haya sido aprobada por PP y Vox, en referencia a la abstención del PSOE: "Esto solo quiere decir que al PSOE también le da exactamente igual lo que pase con los municipios que están luchando contra las macroplantas de biogás", concluía.

Por su parte, el diputado autonómico de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, denunció que la ley promovida por el Gobierno regional "no simplifica, sino que allana el camino a los intereses empresariales y al lobby económico de la Región", repitiendo un modelo que —según señaló— ya abrió la puerta a la especulación urbanística, a la minería y a la agroindustria intensiva, "con consecuencias tan graves como la degradación del Mar Menor".

En relación con el biogás, Álvarez-Castellanos reclamó al Ejecutivo de López Miras que "cumpla la legislación vigente" antes de aprobar nuevas normas que favorezcan la expansión de estas plantas sin planificación. Recordó que la Región de Murcia cuenta desde hace años con una ley que obliga a elaborar una planificación de energías renovables que debe ser debatida en la Asamblea Regional, y que el Gobierno "sigue sin desarrollar".

El parlamentario de izquierdas cuestionó además la ubicación de las plantas de biogás lejos de los centros donde se generan los residuos, como las macrogranjas, lo que, en su opinión, "rompe con el principio básico de la economía circular y aumenta la contaminación". Criticó que, mientras se ignoran las demandas vecinales y ambientales, "se sigue apostando por un modelo que prioriza el beneficio de las grandes empresas sobre el interés general".

Finalmente, Álvarez-Castellanos advirtió que el verdadero objetivo de las multinacionales del sector no es el reciclado de residuos, sino "producir gas a escala industrial para sustituir el gas natural fósil y mantener intacto el negocio energético", calificando el impulso al biogás como "una pieza más del engranaje del lobby eléctrico que domina las políticas energéticas en este país".