Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Izquierda Unida de la Región de Murcia ha valorado esta mañana los datos del IPC de septiembre, que confirman, según la formación, lo que vienen denunciando desde hace tiempo: las familias trabajadoras no mejoran su nivel de vida porque la vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad y empobrecimiento.

Luna ha señalado que "el aumento del precio de la vivienda neutraliza las mejoras salariales. Aunque los salarios suban, los alquileres y la compra siguen creciendo mucho más rápido. Miles de personas viven atrapadas en una espiral de gasto que les impide emanciparse o llegar a fin de mes".

La líder de izquierdas ha insistido en que "la vivienda sigue tratándose como un negocio, no como el derecho constitucional que consagra el artículo 47. La solución no puede ser seguir construyendo al dictado del mercado ni aprobar decretos exprés para contentar a la patronal. Necesitamos un gran parque público de vivienda en alquiler asequible, financiado con fondos autonómicos y estatales, que dé respuesta a las necesidades reales de la población".

En este sentido, IU propone medidas estructurales que garanticen el derecho a la vivienda: "Creación de un Plan Regional de Vivienda Pública con financiación estable y objetivos verificables; movilización de viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitre mediante acuerdos, cesiones o expropiación de uso; regulación de los precios del alquiler para frenar la especulación; paralización de los desahucios sin alternativa habitacional; reconocimiento del derecho a la vivienda en el Estatuto de Autonomía como derecho subjetivo exigible; y reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, para redistribuir el empleo y mejorar el bienestar".

Para Luna, "el problema no son sólo los salarios, sino los márgenes empresariales, que se encuentran en máximos históricos mientras los salarios permanecen estancados. Esto demuestra que la inflación no la provocan los trabajadores, sino las empresas que aumentan sus beneficios a costa del poder adquisitivo de la gente. Por eso también proponemos una reforma fiscal progresiva, un impuesto extraordinario a los beneficios empresariales abusivos y la obligación de transparencia en los márgenes de beneficio por sectores".

La dirigente regional ha concluido que "Izquierda Unida seguirá defendiendo políticas que pongan la economía al servicio de la mayoría social. La vivienda no puede seguir siendo un lujo. Es un derecho, y vamos a seguir luchando para hacerlo efectivo".