El Instituto de Seguridad y Salud Laboral remitirá al Ministerio Fiscal actas de infracción de la Inspección de Trabajo en las que se aprecien indicios de delito, así como los informes técnicos derivados de siniestros laborales
El Gobierno regional formará a fiscales para mejorar la eficacia en la investigación y enjuiciamiento de los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo. Esta formación especializada, centrada en normativa técnica y prevención de riesgos laborales, forma parte del convenio de colaboración firmado hoy entre la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social y el Ministerio Fiscal.
El objetivo de estas acciones, que estarán organizadas por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia (ISSL), es mejorar la respuesta penal ante infracciones graves en materia laboral, especialmente aquellas que puedan constituir delito, como los accidentes con resultado de muerte o lesiones graves, o el incumplimiento reiterado de la normativa de prevención.
Durante la firma del convenio, la consejera Marisa López Aragón, junto con el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, destacó que este acuerdo "refuerza la colaboración institucional y permite avanzar hacia una mayor protección de los derechos de los trabajadores. Formar a fiscales en materia de seguridad y salud laboral es clave para garantizar que las infracciones más graves no queden impunes y que se persigan con rigor las conductas negligentes", añadió López Aragón.
Prevención, información y coordinación
El acuerdo contempla medidas específicas para mejorar el flujo de información entre ambas instituciones. En concreto, la Consejería se compromete a enviar a la Fiscalía las actas de infracción de la Inspección de Trabajo en las que se aprecien indicios de delito, así como los informes técnicos derivados de siniestros laborales graves o mortales. Este envío de información permitirá agilizar las investigaciones y facilitar la actuación del Ministerio Fiscal desde las primeras fases del proceso.
Por su parte, la Fiscalía se compromete a mantener informado al Gobierno regional sobre la evolución y resultado de las diligencias en los casos en que se haya producido dicha colaboración, así como a facilitar el asesoramiento jurídico necesario para mejorar los procedimientos de coordinación. Además, promoverá la participación de los fiscales en las actividades formativas y jornadas técnicas conjuntas previstas en el convenio, cuya duración inicial será de cuatro años, prorrogables por otros cuatro.
"La prevención no puede ser solo una obligación legal, debe ser también una prioridad institucional, por ello, la coordinación entre administraciones es esencial", concluyó la consejera del ramo.