El Gobierno regional, ante el alcance de los fallos detectados en las pulseras antimaltrato, ha realizado una labor inicial de recogida de información entre las usuarias de la red CAVI a partir de la que se ha conocido que al menos 35 mujeres víctimas de violencia de género sufrieron incidencias en estos dispositivos telemáticos a lo largo del último año en la Región de Murcia.

La Consejería de Política Social, Mujer e Igualdad convocará en las próximas semanas el Consejo Asesor Regional de la Violencia contra la Mujer para trasladarle esta información, así como para elaborar propuestas dirigidas a reforzar la coordinación entre los diferentes agentes especializados que forman parte del Consejo, y que son fundamentales para ofrecer más protección a las víctimas entre los que se encuentran representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscales, representantes judiciales y profesionales de entidades y servicios especializados en violencia.

La consejera, Conchita Ruiz, durante una visita al CAVI de Murcia, destacó que "llegaremos hasta el final y exigiremos al Ministerio de Igualdad que asuma su responsabilidad y adopte un compromiso real con la seguridad de las mujeres víctimas. Desde Política Social mantenemos activado un operativo para recoger todas las incidencias derivadas de los fallos en las pulseras antimaltrato. Una labor que llevamos a cabo después de haber solicitado esta información al Ministerio, también a la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, sin obtener ninguna respuesta".

Entre las incidencias registradas, las usuarias de estos dispositivos resaltan los fallos en la geolocalización, "error grave que ha derivado en algunos casos en agresiones, ya que el dispositivo no ha avisado a las víctimas con tiempo suficiente de que el agresor se encontraba dentro del perímetro de peligro". Ese fallo ha provocado, además, que la alarma suene de forma continua, sin motivo, "generando un estado de ansiedad y preocupación constante en las usuarias".

Otra de las incidencias que han destacado las víctimas es que el sistema no ha respondido cuando el agresor estaba cerca de ellas "y se han visto obligadas a huir del lugar en el que estaban o llamar directamente a la policía".

Desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad se ha reforzado el asesoramiento jurídico y psicológico, así como el acompañamiento de las víctimas, para que conozcan cómo actuar ante esta situación y qué deben hacer ante los posibles casos de quebrantamiento de la orden de alejamiento.