La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través de la red CAVI, pone en marcha un operativo para localizar a las víctimas de violencia de género usuarias de las pulseras antimaltrato fallidas, para ofrecerles apoyo jurídico y psicológico, así como la atención que necesiten. La consejera, Conchita Ruiz, anunció hoy la puesta en marcha de esta acción, durante su comparecencia en la Comisión general de las comunidades autónomas en el Senado.

Desde el Ejecutivo regional se estima que más de 200 mujeres podrían estar desprotegidas en la Región. Ante la gravedad de esta situación y la preocupación por el peligro que puedan correr las víctimas, destacó Ruiz que "desde la Región de Murcia no nos quedamos de brazos cruzados: hemos solicitado al Ministerio de Igualdad y a la Delegación del Gobierno los datos oficiales sobre mujeres con dispositivos telemáticos y las incidencias registradas". Y añadió que "mientras llegan esos datos, todos los recursos CAVI están contactando con las usuarias para detectar posibles riesgos y ofrecerles apoyo jurídico especializado a través de nuestra red de profesionales".

El Gobierno regional despliega una labor de búsqueda y atención de mujeres que han quedado desprotegidas por el fallo en las pulseras antimaltrato porque, como señaló Ruiz, el riesgo provocado por lo que calificó de "irresponsabilidad institucional" del Gobierno de España pone, una vez más, "vidas en peligro", como ya ocurrió con la Ley del sólo sí es sí, cuando "las víctimas, que ya sufrieron una agresión, han tenido que soportar también el abandono de un sistema que debía protegerlas".

La consejera, durante su comparecencia en el Senado, exigió explicaciones al Ministerio de Igualdad y pidió al Gobierno central que asuma su responsabilidad ante una gestión nefasta. Una reclamación que llega, como recordó Ruiz, no sólo de las comunidades autónomas, también de organizaciones feministas y expertos que "venimos denunciando, desde hace tiempo, la falta de recursos humanos y materiales", porque "las medidas anunciadas no se acompañan de medios suficientes, ni de una planificación seria".

Ruiz señaló que el Estado "ha sustituido la gestión por la propaganda y las redes sociales", abandonando a las víctimas en situación de riesgo. Será un Gobierno, señaló, "que será recordado como el menos feminista de la historia".

A diferencia del Gobierno central, el Ejecutivo regional asume su responsabilidad y, a pesar de no contar con financiación suficiente, pone en marcha los recursos necesarios para atender a las víctimas de violencia de género. Un ejemplo son los centros de crisis, en los que el mantenimiento anual supera los 500.000 euros. Un coste, como recordó la consejera, que "asume íntegramente la Comunidad. El Ministerio de Igualdad, a día de hoy, no ha aportado ni un solo euro para su funcionamiento".