El portavoz adjunto del GP VOX, Rubén Martínez Alpañez, ha anunciado que su formación ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional para exigir conocer “hasta el último céntimo que se destina a la inmigración ilegal, tanto en la Región de Murcia como en España”.

Martínez Alpañez ha denunciado que “el Gobierno invierte 85 euros al mes en comedores escolares, en nuestros niños, y unos 2.000 euros aproximadamente en nuestros ancianos, pero por el contrario gasta más de 6.000 euros mensuales en la inmigración ilegal”..

En este sentido, el portavoz adjunto ha reclamado que “el Tribunal de Cuentas debe elaborar un informe que explique a todos los españoles en qué están gastando el dinero los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista y por qué destinan el doble a la inmigración ilegal que a nuestros ancianos y a nuestros hijos”.

“VOX lleva años denunciando el tremendo coste que supone para los españoles la inmigración ilegal y masiva. Algunos informes hablan de más de 30 mil millones de euros, pero desconocemos la cifra exacta porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se encargan de ocultarla”, ha añadido.

A renglón seguido, Martínez Alpañez ha advertido que “VOX no va a parar hasta que los españoles conozcan la verdad de lo que supone la inmigración ilegal y masiva: dispara la inseguridad, degrada nuestros barrios, colapsa nuestros servicios públicos y consume cuantiosas cifras de presupuesto público en detrimento del estado de bienestar de los españoles”.

Asimismo, ha remarcado también que “el bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista está de acuerdo en evitar responder a las preguntas de VOX en todas las instituciones sobre cuánto nos cuesta la inmigración ilegal. No quieren que se sepa cuánto nos cuesta la inmigración ilegal y masiva”.

Finalmente, el parlamentario ha declarado que “el bipartidismo también está de acuerdo en abrir las puertas a la inmigración ilegal, en seguir permitiendo la islamización de barrios enteros, en oponerse a la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos y las ayudas sociales, y en ocultar a los españoles el coste de la inmigración ilegal”.

“Esto no es un capricho de VOX, es una necesidad de los españoles. Los españoles tienen derecho a saber cuánto les cuesta la inmigración ilegal y por qué, si cada vez pagan más impuestos, tienen unos servicios públicos peores”, ha concluido.