Esta mañana, frente al Palacio de San Esteban, la coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna, y el diputado autonómico de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, han valorado en un encuentro con los medios la decisión del Consejo de Ministros de aprobar la quita de deuda a las comunidades autónomas, que incluye a la Región de Murcia.
Luna ha destacado que se trata de "un alivio significativo para nuestras arcas públicas" que debe servir para liberar recursos destinados a "sanidad, educación, vivienda y otros servicios esenciales, hoy abandonados por el Gobierno autonómico". Frente al rechazo de Fernando López Miras, que calificó la medida de "parche", Luna ha acusado al presidente regional de "desvirtuar la importancia real de la medida para proteger intereses partidistas y de las élites capitalistas, en lugar de atender a la ciudadanía murciana".
La dirigente de IU-Verdes ha subrayado que esta quita "no es un privilegio, sino un instrumento de justicia territorial" en una comunidad que arrastra una deuda histórica "alimentada por la nefasta gestión del Partido Popular, que ha desviado fondos públicos hacia la especulación y megaproyectos innecesarios". En este sentido, insistió en que los recursos liberados "no deben usarse para rebajas fiscales ni para beneficiar a los más ricos, sino para fortalecer los servicios públicos y atender a quienes más lo necesitan".
Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos ha aportado datos que evidencian el peso de la deuda regional en las cuentas públicas. Recordó que entre 2009 y 2013, en plena crisis financiera, la deuda creció un 313,6%, pasando de 1.340 a 5.543 millones de euros, y que en la última década ha seguido aumentando hasta superar los 9.000 millones. "El coste de la deuda es ya el tercer gasto más alto del presupuesto autonómico, tres veces mayor que el del IMAS, equivalente al 80% del gasto educativo o al 58% del gasto sanitario", denunció.
Álvarez-Castellanos subrayó que los intereses de la deuda se han multiplicado casi por tres en los últimos años, alcanzando los 249 millones previstos para 2025, lo que limita gravemente la capacidad de inversión en servicios públicos. "En estas condiciones, rechazar la condonación de 3.318 millones de euros y el consiguiente ahorro en intereses por motivos meramente partidistas es no solo absurdo, sino una auténtica estupidez", sentenció.
Ambos dirigentes de IU-Verdes exigieron a López Miras que "abandone la retórica y se comprometa con la ciudadanía", aprovechando esta medida para avanzar hacia "un modelo de financiación autonómica justo, solidario y federal, que garantice recursos suficientes para toda la población".