Región

Podemos señala la "corrupción estructural" en la contratación pública en la UMU, UPCT y La Arrixaca

La formación morada se hace  eco del informe del Tribunal de Cuentas que señala contratos adjudicados a dedo y repetición de proveedores sin concursos púbico y exige "auditorías independientes, responsabilidades políticas y una reforma urgente de la contratación pública en la Región"

Podemos ha puesto esta mañana el foco en el último informe del Tribunal de Cuentas, que pone sobre la mesa "algo gravísimo": en la Región, "una parte importante del dinero público se gestiona sin control, sin transparencia y sin respeto a la legalidad". Así lo expresaba el secretario de organización de los morados en la Región, Ángel Luis Hernández, que señalaba que las universidades públicas y hospitales como la Arrixaca "han abusado de la contratación menor, esa figura que debería ser la excepción y que aquí se ha convertido en la norma".

En concreto, Hernández detallaba que en la UMU, el 58?% de los contratos analizados se adjudicaron a dedo. En la Politécnica de Cartagena, un 37?%. En el caso de la Arrixaca "se repiten los mismos proveedores, año tras año, sin concurso ni publicidad, y con diferencias de precio que en algunos casos alcanzan el 97?% por el mismo medicamento". Según él no se trata de "un descuido" o "una anécdota": "Forma parte de una manera estructural de gestionar lo público al margen de la ley, favoreciendo intereses privados y redes clientelares".

Además, apuntaba que "no es la primera vez que se denuncia algo así", en referencia al anterior informe del mismo organismo, que señalaba que más de 23 millones de euros derivados desde el Servicio Murciano de Salud a la sanidad privada lo fueron sin expediente legal, "sin justificar la incapacidad del sistema público, y duplicando el gasto previsto sin control". "Mientras tanto las listas de espera crecen continuaba-, faltan profesionales y se recortan recursos en la atención primaria y en los hospitales".

Según Podemos, no se trata de "mala gestión", sino de una "corrupción estructural". Por eso exigen "auditorías independientes, responsabilidades políticas y una reforma urgente de la contratación pública en la Región de Murcia". "Los servicios públicos no se pueden gestionar como si fueran una empresa privada concluía Hernández-. Son un derecho y no vamos a quedarnos callados mientras los saquean".

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