La noticia sobre la negativa del Gobierno regional del señor López Miras a adquirir viviendas para menores inmigrantes no acompañados nos produce una profunda perplejidad. Pero más allá de la sorpresa, nos conduce a condenar rotundamente cualquier política que tenga como resultado la exclusión, la negación de derechos y la no resolución deliberada de un problema humanitario. Lo que ha ocurrido hoy no es una rectificación: es una claudicación ante la lógica del odio.

¿Se han planteado los gobernantes del PP, atrapados en la agenda racista de Vox, si las medidas que están tomando son realmente para el bien común o tan solo para mantenerse aferrados al poder? ¿Todo vale con tal de conservar el Gobierno regional?

La señora consejera de Política Social, Conchita Ruiz, afirma que "rectificar es de sabios", pero ¿a costa de qué? ¿A costa de quién? ¿Es de sabios negar un hogar a menores que no tienen familia? ¿Es de sabios oponerse a las normativas internacionales sobre el cuidado, la custodia y la atención de la infancia? ¿Es de sabios aliarse con un partido que desprecia abiertamente los derechos humanos básicos?

El mensaje que transmite hoy el Gobierno de López Miras a la ciudadanía es claro y doloroso: la prioridad de sacar adelante unos presupuestos se sitúa por encima del bienestar de la población, incluso cuando esa población está formada por menores en situación de máxima vulnerabilidad. Primero los quieren expulsar del proyecto de integración donde ya estaban. Luego, les niegan el derecho a una vivienda digna y legal. ¿Qué les queda? Ser dejados al margen, en la cuneta social, en cualquier carretera, al dictado de Vox, mientras el PP calla para seguir en el poder.

Con estas medidas, deshumanizan la pobreza y a los pobres. Y una vez deshumanizados, ¿qué viene después? La indiferencia. El abandono. Incluso la eliminación.

Este es un paso más hacia la institucionalización del odio, del racismo, del señalamiento del diferente, y de la criminalización de la pobreza. El Gobierno regional, que está obligado a garantizar la protección de los menores y el cumplimiento de la legalidad, ha hecho dejación de funciones en un acto grave de impugnación del marco democrático.

El Gobierno ya no gobierna: obedece. Lo hace bajo el matonismo ideológico de sus socios ultras, renunciando a toda autonomía, dignidad política y sentido institucional. Está fallando en su deber humanitario, convirtiéndolo en una amenaza artificial. En vez de atender la emergencia, siembran miedo. En vez de proteger, señalan. En vez de construir convivencia, promueven rechazo.

¿Qué será lo siguiente que moleste a Vox y contra lo que vomite su odio? ¿Los colectivos LGTBIQ+? ¿La educación pública? ¿La sanidad universal? ¿Los trabajadores migrantes? ¿Las mujeres que denuncian violencia machista? El Gobierno del PP está dejando la puerta abierta al retroceso social más cruel y autoritario.

Exigimos la dimisión inmediata de la consejera Conchita Ruiz y la del Gobierno en su conjunto. Un gobierno que se doblega ante el odio no está legitimado para seguir representando a una sociedad diversa, democrática y solidaria.