Desde la Comisión Promotora de la ILP "Por una vivienda digna" en la Región de Murcia, denunciamos la decisión de la Junta Electoral Regional de no verificar alrededor de 5.000 de las firmas aportadas 'al haber superado el mínimo exigido en el plazo establecido'.

Esta decisión, NO está avalada por ninguno de los artículos de la ley 9/84 de la CARM, que es la que regula el desarrollo de la ILP autonómica, porque no puede ser de otra manera, ya que la decisión adoptada por la Junta Electoral, supone despreciar la voluntad de 5.000 personas electoras, que han decidido apoyar esta iniciativa ciudadana.

La ILP no es una cuestión solo de quienes la promueven, sino de el conjunto de personas que la consideran adecuada y necesaria, y deciden votar a favor de la misma avalándola con sus firmas. Una ILP es una especie de proceso electoral, es por eso que es la Junta Electoral la que controla su desarrollo.

¿Qué diríamos si en unas elecciones no se contara el voto desde el extranjero porque no alteraría el reparto de escaños? Pues la decisión de la Junta Electoral de suspender la validación de firmas nos parece una barbaridad semejante. Lo que parece buscar, es restar apoyo social a una propuesta respaldada por más de 16.000 firmas, que la arbitrariedad de la Junta rebaja casi al mínimo legal.

Desde la Comisión Promotora, el pasado día 23 de junio hemos recurrido esta decisión, que carece de cualquier soporte legal, pidiendo que se revoque este acuerdo, y se prosiga con la validación de todas y cada una de las firmas aportadas.

Casualmente, nos hemos enterado de que la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional, el día 24, ha señalado el 8 de julio como fecha para el debate, estando pendiente de resolver nuestro recurso. Estas 2 acciones, la de la Junta Electoral y la de la Junta de Portavoces, lo que parecen buscar es, por una parte, restar apoyo social y legitimidad a nuestra propuesta impidiendo que se conozca el apoyo real obtenido, y por otra, tumbarla en un momento, vísperas de agosto, para que pase más desapercibida la falta de respuesta de los representantes políticos ante el gravísimo problema de vivienda que padecemos.

Por último, queremos expresar nuestra sorpresa por el hecho de que la Junta Electoral, presidida por D. Miguel Pascual del Riquelme, reconocido jurista, presidente del TSJ hasta hace bien poco, y cuya secretaria es Dª Encarna Martínez de Simón, letrada de la Asamblea Regional, entre otros miembros, hayan adoptado un acuerdo sin base legal alguna, y despreciativo hacia la voluntad de 5.000 personas. Esperamos que la resolución del recurso que hemos presentado sirva para rectificar esta decisión arbitraria, antidemocrática y dudosamente ajustada a la legalidad.