Los datos presentados ayer por el consejero de Educación expresan un crecimiento desigual de las aulas de 2 años entre la red pública y la red privada concertada, en beneficio de esta última.
A juicio de la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia, el anuncio de aumento de plazas en el primer ciclo de Educación Infantil de cara al próximo curso escolar 25-26 anunciado ayer por el consejero de Educación y FP, Víctor Marín, requiere una lectura detallada. En opinión de CCOO Enseñanza la medida estrella que habla de 1.000 plazas se refiere a escuelas infantiles municipales, sin aclarar si todas son plazas de nueva creación o reconvertidas como consecuencia de asumir la gestión municipal directa de servicios antes externalizados.
En cualquier caso, el dato real es que los centros de la red pública van a crecer en 20 plazas (un aula), mientras que la red privada concertada aumenta en 100 plazas, lo que se traduce en cinco aulas más.
Este hecho no favorece la libertad de elección de centros, como manifiesta el consejero, pues la inmensa mayoría de las familias demuestra cada año optar por la red de centros públicos, como señala el porcentaje de matrícula en centros públicos para Primaria, mientras la consejería hace crecer la oferta de aulas de 2 años en centros privados. En opinión de Nacho Tornel, secretario general de CCOO Enseñanza, "la fórmula de la libertad de elección se aplica al revés: quienes eligen centros elitistas, confesionales y exclusivos, a los que solo un determinado perfil socioeconómico tiene acceso, pretenden que les salga gratis. Esa pretendida "gratuidad" corre a cuenta de las familias trabajadoras".
En el cómputo total de las plazas de primer ciclo de Infantil previstas para el próximo curso se observa el crecimiento del sector privado frente al público. En concreto, la red de colegios públicos pasa de ofrecer el 58'56% al 57'21%, mientras el sector de centros privados concertados pasa del 41'43% al 42'78%.
CCOO reclama una apuesta decidida por el desarrollo de la red pública a la hora de implantar el carácter educativo del primer ciclo de infantil y exige al gobierno regional mayor respeto a la demanda social que reclama un servicio educativo público y en igualdad de condiciones.