El miércoles, día 22 de enero, ANPE Murcia asiste frente a la sede de Muface en Madrid, a la convocatoria de manifestación en defensa del modelo MUFACE.  Funcionarios y sindicatos de todos los sectores unimos fuerzas ante la grave crisis abierta entre aseguradoras y el Gobierno, que afecta a más de 60.000 usuarios en la Región de Murcia.

La movilización está convocada en Madrid por ANPE, junto con FEDECA, SIAT, SPP, SUP, UFP, USIE Y USO.  Delegados de ANPE de todas las Comunidades Autónomas asistirán a la manifestación y esperamos reunir a más de 25.000 mutualistas.  Desde Murcia está previsto que se desplace a la capital un autobús y varios coches para exigir soluciones responsables para renovar el concierto sanitario de Muface.

Denunciamos la falta de eficacia del gobierno en la negociación del concierto sanitario de la Mutualidad de Funcionarios, así como la irresponsabilidad de las compañías aseguradoras que han decidido no concurrir a la primera licitación. Ahora nos encontramos en la ampliación del plazo de una nueva licitación, sin ninguna certeza de futuro en lo que respecta a nuestra salud.

El sindicato ha participado anteriormente en Murcia, frente a la sede de la mutualidad en concentraciones y movilizaciones, en unión sindical y, una vez más, defenderá al personal funcionario de Murcia integrado en MUFACE, en la movilización nacional que tendrá lugar en Madrid.

ANPE exige tanto al Gobierno como a las aseguradoras, un acuerdo urgente que asegure la tranquilidad y la calma en cuanto a la prestación de la atención sanitaria de 1,5 millones de personas que dependen de MUFACE. Esperamos que se logre pronto para que todos los afectados puedan recibir la atención que merecen, en las mejores condiciones y con todas las garantías.

ANPE seguirá defendiendo el modelo Muface que ha demostrado a lo largo de los años su eficacia y exige que se concrete lo antes posible un acuerdo estable, que garantice la calidad de los servicios sanitarios ofrecidos por Muface a todos los mutualistas; en la que los servicios médicos ofertados no se vean mermados, sino que, por el contrario, mejoren sus prestaciones, asegurando la tranquilidad de 1,5 millones de funcionarios, que dependen de este juego irresponsable entre Gobierno y compañías sanitarias.