Esta mañana, el Partido Popular y Vox han vuelto a unir sus votos en la Asamblea Regional para tumbar la propuesta de la Coalición de izquierdas que compone el Grupo Parlamentario Mixto que solicitaba una consulta ciudadana en los municipios afectados por las plantas de biogás. Una iniciativa que pretendía dar voz a la población en la planificación de estas infraestructuras, cuyo impacto medioambiental y social está generando un amplio rechazo en la región.
El coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha denunciado que las derechas "han dejado otra vez vía libre a que la Región de Murcia sea un espacio experimental donde la libertad de empresa, entendida en un sentido que atropelle los intereses de la ciudadanía, campe a sus anchas". Álvarez-Castellanos se ha referido a la "irresponsabilidad" del PP y Vox al ignorar las circunstancias que rodean la ubicación de estas plantas, como es el caso de la que se pretende situar en Molina de Segura, "a apenas un kilómetro y medio de la Universidad de Murcia, a 700 metros de un colegio", o la proyectada en San Javier, "prácticamente limítrofe con viviendas habitadas y a pocos centenares de metros de núcleos urbanos".
Izquierda Unida-Verdes ha reiterado su compromiso con los movimientos ciudadanos que en los últimos meses están rechazando estas instalaciones, por considerar que su proximidad a áreas residenciales supone un riesgo para la calidad de vida de los vecinos y vecinas. "Vamos a seguir batallando junto a la ciudadanía en los municipios afectados, apoyando las movilizaciones y presentando alegaciones a los procedimientos de declaración de interés público promovidos por algunos ayuntamientos", ha afirmado Álvarez-Castellanos.
Desde Izquierda Unida también han instado a los Gobiernos municipales a utilizar las herramientas urbanísticas a su disposición para frenar estas instalaciones. En concreto, José Luis Álvarez-Castellanos ha recordado que la Ley del Suelo de la Región de Murcia permite a los ayuntamientos "suspender durante un año la concesión de licencias urbanísticas" y, en ese tiempo, "modificar el Plan General de Ordenación Urbana para establecer normativas que eviten la instalación de estas plantas en zonas que puedan afectar a la población".
En este sentido, ha citado el precedente de Cieza, donde Izquierda Unida logró modificar el PGOU para impedir la proliferación de macrogranjas, una estrategia que considera viable también en el caso de las plantas de biogás. "Proponemos que se desarrollen normativas urbanísticas claras que eliminen la posibilidad de estas instalaciones cerca de zonas habitadas o, al menos, las restrinjan a ubicaciones donde no generen ningún tipo de afección".
Álvarez-Castellanos ha subrayado que Izquierda Unida seguirá trabajando tanto en las instituciones como en la movilización ciudadana para evitar que la Región de Murcia "siga siendo un laboratorio donde la libertad de negocio prima sobre el bienestar de sus habitantes".