El convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Política Social y la Federación de Municipios de la Región beneficiará, en la actualidad, a medio centenar de menores infractores por conductas de vandalismo 

La consejera Conchita Ruiz destaca que “este tipo de medidas permite que el 95 por ciento de los menores no reincidan y puedan desarrollar su vida con total normalidad”

Un total de 42 municipios se han adherido hoy al convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y la Federación de Municipios de la Región, para que los menores con medidas judiciales puedan realizar prestaciones en beneficio de la comunidad en sus localidades de referencia.. El objetivo es restituir el daño que han ocasionado y facilitar su inclusión dentro de su entorno más cercano.

Este tipo de medidas dictadas por el Juzgado de Menores beneficiarán, en la actualidad, a medio centenar de adolescentes y jóvenes infractores por conductas de vandalismo, con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, y mayoritariamente hombres. Un 42 por ciento menos que la cifra registrada durante el pasado año.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, junto con el presidente de la Federación de Municipios de la Región, Víctor Manuel López, presidieron la firma de este convenio destacando “la alta efectividad” de estas medidas “ya que el 95 por ciento de los menores no reinciden y pueden desarrollar su vida con total normalidad”. Un acto en el que también estuvo presente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región, Miguel Pasqual del Riquelme, así como el magistrado del Juzgado de Menores número 1 de Murcia, Rafael Romero.

“Se trata de que los menores sean conscientes del perjuicio que han causado en el municipio y a sus propios vecinos para que aprendan de sus errores y puedan reparar el daño causado”, resaltó Ruiz. Para ello, cuentan con el apoyo de la figura de un educador, quien se encargará de que la medida repercuta en su reinserción y de que ésta sea equitativa a la infracción cometida y a las necesidades e interés social de la localidad. El profesional también trabajará de forma directa con la familia del menor para que la integración sea lo más efectiva posible.

Las actividades impuestas por el juzgado son de carácter no remunerado, como medidas alternativas al internamiento, y tienen una duración media en la Región de Murcia de entre 20 y 100 horas. Los trabajos asignados pueden ser, por ejemplo, de colaboración con entidades para el acompañamiento de mayores o de personas con necesidades especiales, también de participación en actividades culturales y sociales, así como tareas de mantenimiento o limpieza, entre otras.

“Con estas acciones se crea una reconciliación entre ambas partes ya que, por un lado, la sociedad permite la recuperación del menor y, por otro, la persona infractora tiene la oportunidad de resarcir lo ocurrido. Todo ello, sin ningún tipo de estigmatización y en un ambiente totalmente normalizado”, explicó la titular de Política Social.

Municipios inclusivos

La firma del convenio de colaboración para la prestación de servicios en beneficio de la comunidad ha contado con la presencia de alcaldes y representantes de los distintos municipios adheridos. Entre ellos, Abanilla, Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Las Torres de Cotillas, Librilla, Lorquí, Los Alcázares, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, Ojós, Pliego, Ricote, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Totana, Ulea, Villanueva del Río Segura y Yecla.

La consejera explicó que “los tres municipios restantes se adherirán de manera oficial en las próximas semanas, lo que demuestra que la Región de Murcia es una comunidad solidaria e inclusiva”.

Los profesionales intervinientes en cada municipio elaborarán un Programa Individualizado de Ejecución de Medidas (PIEM) en el que se recogerán los objetivos que se pretenden alcanzar de acuerdo a las necesidades detectadas en el menor y el tipo de infracción cometida.

En ningún caso las tareas encomendadas alterarán su actividad escolar o laboral y para su ejecución deberán contar con el consentimiento del menor.