El sindicato solicita subsidiariamente el apoyo a las enmiendas del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar que reducen el impacto altamente negativo del proyecto en las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de Justicia y mejoran claramente la prestación de este servicio público a la ciudadanía.

CCOO no comparte en general el contenido de este proyecto de ley porque fía la eficiencia del servicio público de Justicia a unas modificaciones organizativas que, en lo relativo a la oficina judicial, son absolutamente innecesarias y deterioran aún más los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de Justicia. Por ello, ha solicitado a los diputados y diputadas que voten en contra del proyecto de ley o, en su defecto, apoyen las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.

Para CCOO, además, ni con este nuevo modelo organizativo, ni con el que se pretendió implantar en 2013 con la llamada Nueva Oficina Judicial, ni con el que aún permanece de etapas anteriores con juzgados unipersonales atendidos por un equipo de personas en exclusividad, se va a conseguir la eficiencia del servicio público de Justicia, mientras no se arregle el gravísimo problema de falta de jueces y juezas en España: con datos de Eurostat, la ratio de jueces y juezas por cada 100.000 habitantes alcanza una media aproximada de 18 en la Unión Europea, mientras que en España es de algo más de 11. Así la Justicia nunca va a funcionar en términos aceptables.

Entre los aspectos más lesivos de este proyecto de ley para las condiciones de trabajo, CCOO remarca la posibilidad de reducción del número total de puestos de trabajo, especialmente de aquellos con mayores complementos retributivos, y la drástica reducción de la movilidad voluntaria al eliminar cientos de centros de destino y, con ello, la imposibilidad de elegir un puesto de trabajo en una jurisdicción o especialidad concreta, lo que deja al personal a expensas de tener que realizar tareas de cualquier orden jurisdiccional o especialidad, según disponga en cada momento la jefatura del servicio correspondiente.

Los centros de trabajo quedarán constituidos con centenares de efectivos (más de 1.000 en el caso de Madrid), lo que los convertirá en ingobernables e impedirá a la ciudadanía y a profesionales de la abogacía y la procura conocer la oficina concreta en la que se tramita "su asunto", diluido en las macrooficinas en manos de una persona funcionaria que ni se sabrá quién es.

Por contra, el proyecto de Ley de Eficiencia no supone ningún avance en el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que cada funcionario o funcionaria realiza ni en otras condiciones de trabajo fundamentales, como la carrera profesional.

Delegados y delegadas de CCOO se concentran hoy a las 11:30 horas a las puertas del Congreso de los Diputados, donde tendrá lugar la votación de la Ley de Eficiencia.