La Junta de Gobierno de la Abogacía de Murcia (ICAMUR) ha emitido un acuerdo en el que manifiesta su preocupación por la situación que enfrentan los abogados del partido judicial de Caravaca de la Cruz, quienes se ven obligados a entrevistarse con los detenidos en condiciones inadecuadas y ha solicitado la eliminación de los obstáculos que dificultan la resolución de esta situación.

Esta problemática, que ha sido recogida por los medios de comunicación, ha generado críticas contra el Ministerio de Justicia, responsable de las instalaciones judiciales en la comunidad autónoma.

La falta de espacio en el Palacio de Justicia de Caravaca ha llevado a que los abogados tengan que utilizar los furgones de la Guardia Civil como improvisadas dependencias para atender a los detenidos.

Ángel Cervantes, presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo General de la Abogacía Española, ha anunciado que esta situación será trasladada tanto al Ministerio de Justicia como al Ministerio del Interior, con el objetivo de encontrar una pronta solución. Esta situación -ha manifestado- afecta de manera clara, tanto a los justiciables como a los profesionales de la abogacía para el correcto ejercicio del derecho de defensa. Y ha añadido que estos hechos "no son admisibles y deben ser corregidos por las Autoridades".

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia se ha pronunciado dos veces requiriendo a Gerencia territorial del Ministerio de Justicia la urgente adopción de solución arquitectónica.

En los próximos días el Consejo informará sobre el resultado de las gestiones que se están llevando a cabo para solventar esta problemática.